De la misma manera que el resto de las diócesis española, la de Segovia tendrá que ajustar sus cuentas a partir de este año para hacer frente al pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de Contribuciones especiales, en virtud del acuerdo entre el Estado y la Iglesia Católica por el cual esta última institución renuncia a la exención de ambos impuestos recogida en el concordato firmado en 1979.
La decisión de la Iglesia cristalizó a finales de marzo del presente año a través de un canje de notas entre la Santa Sede y el Gobierno de España en la que se formalizaba el acuerdo, por el que a partir de ahora los ayuntamientos deberán cobrar este impuesto en las obras que se realicen en iglesias, templos y edificios de congregaciones religiosas, que supone el 4% del coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
La diócesis de Segovia asume sin complejos el pago de estos impuestos, y su responsable económico Rafael de Arcos Extremera asegura que "gestamos contentos, porque de esta manera enviamos un mensaje a la sociedad de que todos somos iguales, me parece lo más justo"h.
Aunque aún no hay una estimación efectiva del coste que puede suponer a las arcas diocesanas el pago de este impuesto, Rafael de Arcos considera que la diócesis deberá pagar en el próximo ejercicio económico entre 60.000 y 100.000 euros por este concepto, en función de las obras que se puedan desarrollar.
Así, señaló que la Iglesia en Segovia desarrolla una importante labor en el mantenimiento y conservación del ingente patrimonio repartido en toda la provincia, a lo que destina el 40,37 por ciento de su presupuesto total, según los datos de la memoria de actividades de 2022. «Hay que tener en cuenta que la Iglesia es en algunos pueblos de la provincia la única institución que hace inversiones en mantenimiento, lo que también supone contribuir a mejorar el entorno», precisa De Arcos.
Asimismo, señaló que el convenio de colaboración tripartito con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial que marca las obras de rehabilitación parcial de los templos y ermitas de la provincia se verá afectado también por el pago de este impuesto, que asumirán las parroquias y la propia diócesis para evitar desequilibrios presupuestarios.
De Arcos señaló que el impacto de este impuesto depende en gran medida de las obras que se desarrollen a lo largo de cada anualidad, sin que este coste añadido vaya a influir a medio plazo en los proyectos pendientes de ejecución. En este sentido, precisó que «nos preocupa más el encarecimiento de los costes de los materiales, que son los que en muchos casos ponen en riesgo la viabilidad de algunos de ellos».
La diócesis informará a los párrocos y responsables de los templos sobre los cambios en la normativa fiscal referidos a este impuesto en función de las obras que vayan realizando, con el fin de que lo tengan en cuenta en sus presupuestos.
Así, De Arcos señala que los sacerdotes «no tienen porqué conocer la legislación en esta materia, sobre todo en los casos de los que proceden de otros países y prestan su servicio en la provincia, y desde la diócesis les prestaremos la atención necesaria para ello».
Desde el Ayuntamiento de Segovia, el concejal de Hacienda Jesús García Zamora asegura que la afección del cobro del ICIO en las arcas municipales no tendrá especial relevancia en las arcas municipales, ya que fluctuará en función de las obras que la iglesia realice a lo largo del año.
Así, puso de manifiesto que en los últimos tres años, la exención del ICIO dejó de ingresar en las arcas municipales un total de 31.500 euros, de los que 27.000 corresponden a 2020, 3,000 a 2021 y 1.500 en 2022; y en lo que va de año, se han contabilizado 3.000 euros por este concepto.
En lo que se refiere a Contribuciones Especiales - que también se incluyen en este nuevo marco impositivo - el Ayuntamiento no tiene constancia de que se hayan generado impuestos que la Iglesia haya dejado de pagar en los últimos tres años.
García Zamora precisa que el cobro del ICIO «es una buena noticia porque supone la normalización de una situación que sitúa a la Iglesia en el mismo marco que el resto de organizaciones sin ánimo de lucro», aunque precisa que aún se mantiene la exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por el que el Ayuntamiento deja de ingresar cada año 3,6 millones de euros no sólo en edificios de la Iglesia, sino de otras entidades sociales incluidas en este marco.