Castilla y León redujo sus emisiones totales un 78 por ciento en las tres últimas décadas, aunque representa un seis por ciento del total nacional, según los datos del Observatorio de la Sostenibilidad (OS), en coincidencia con la semana de la Acción Contra el Cambio Climático de 2023 y unas semanas antes de que comience la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Tras analizar el total de gases de efecto invernadero -culpables del calentamiento del planeta- emitido por cada comunidad autónoma entre 1990 y 2021, los investigadores han calculado que las que más redujeron sus emisiones de CO2 en ese periodo fueron Galicia (-153 %), Ceuta (-79 %), Castilla y León (-78 %), Asturias (-43 %) y Aragón (-32 %).

Las que más han aumentado su contribución al calentamiento en todo el periodo, a un ritmo de dos dígitos, son Extremadura (66 por ciento), Murcia (41) y La Rioja (40). Por peso, las emisiones de Andalucía representan un 15 por ciento del total en el año 2021, seguida de Cataluña, con el 10 por ciento, Comunidad Valenciana, nueve; además de Madrid, Asturias y la propia Castilla y León, las tres con un seis por ciento.

En relación con el año anterior, 2020, la única autonomía que se mantuvo neutra fue Murcia, mientras que creció en Cataluña, un uno por ciento, Castilla-La Mancha, un dos, Extremadura y Castilla y León, con un cuatro por ciento; y donde más aumentaron, con dos dígitos, fueron en Madrid, con un 11 por ciento, Navarra, un 13, La Rioja, 16, Baleares, 17 y Asturias, con un 21 por ciento.

Mercado

Las emisiones sometidas al mercado, que han supuesto un 43 por ciento de las lanzadas entre 2008 y 2022, disminuyeron un 34 por ciento. Precisamente, Castilla y León fue la autonomía que más las redujo, con un 82 por ciento menos, según informa Ical. Los mayores emisores por habitante en 2021 fueron los asturianos, con 18,1 toneladas de CO2 equivalente per cápita, seguidos de cántabros (8,7), navarros (7,4), aragoneses (7,2), vascos (6,7) y castellanos y leoneses (6,6).

La OS apunta que cada una de las comunidades autónomas debe asumir sus responsabilidades en la descarbonización y establacer una agenda propia hacia este objetivo.