El Ministerio de Justicia apunta a haber desvestido a un santo para vestir a otro. La nueva Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, que obliga a intentar alcanzar un acuerdo antes de presentar una demanda civil o mercantil, amenaza con seguir colapsando los juzgados a pesar de que su objetivo era justo el contrario. Al igual que ha ocurrido en otras provincias de España, los tribunales de Segovia recepcionaron un aluvión de demandas en la víspera de la entrada en vigor de la normativa estrenada –el 3 de abril– para que quienes las presentaban quedasen a salvo de sus efectos. Tampoco su puesta en funcionamiento ha aliviado a los juzgados al menos de momento, aunque en este caso por otras razones.
El Colegio de la Abogacía de Segovia está en contra de la ley tal y como se ha ideado. «Ha sido tan rácano el tiempo que nos han dado antes de la entrada en vigor de la ley que no hemos podido formar mediadores en el Colegio. Es algo que requiere 300 horas, darse de alta… Lo vamos a intentar porque las conciliaciones judiciales nos las van a señalar a cinco o seis meses vista», señala el decano, Emilio Fuentetaja, que a pesar de esa predisposición para adaptarse al nuevo marco cree que este podría ser inconstitucional: «Tener que acudir al sistema de conciliación o mediación va a suponer un gasto más para nuestros clientes. A mí me parece que esto afecta al derecho a la tutela judicial efectiva porque nadie tiene que estar obligado a hacer ningún trámite previo para poder exigir sus derechos ante un tribunal».
La solución que muchos despachos ya están sugiriendo a los ciudadanos es que soliciten que la conciliación que exige la ley antes de presentar una demanda se lleve a cabo en los propios juzgados. «Las mediaciones son un poco más caras quizás, pero lo que ocurre es que cada vez que queramos presentar una demanda vamos a tener que hacer un acto de conciliación en los juzgados, con lo que se van a doblar los problemas del sistema», argumenta Fuentetaja.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales segovianos cerraron 2024 con 10.931 asuntos pendientes de tramitar –743 más que un año antes– y la jurisdicción civil es la más atascada (6.502 procedimientos a la espera). «En vez de invertir dinero en juzgados, en jueces, en funcionarios, en letrados de la Administración de Justicia, han dicho: 'Vamos a intentar que las partes, en vez de de estar pegándose en el juzgado, lleguen a un acuerdo antes y así evitamos que a los juzgados lleguen el 60% de procedimientos'. Pero es que esto no funciona así», apunta el decano del Colegio de la Abogacía de Segovia.
El problema se plantea también para la asistencia jurídica gratuita. Esta solo está prevista para acciones de los ciudadanos en instancias judiciales, no extrajudiciales. «Como el artículo seis de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sí que prevé el pago de la jurisdicción voluntaria vamos a ir primero a un acto de conciliación judicial y, si no tenemos una conciliación, tendremos que presentar la demanda con el acta de conciliación donde no ha habido un acuerdo. Pero eso nos complica bastante», subraya Fuentetaja.