Más personal para asistir a las víctimas de delitos

SPC
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Las unidades administrativas ofrecen servicios gratuitos de información y asistencia psicológica y social y se han creado 10 plazas más en sus oficinas de asistencia

Más personal para asistir a las víctimas de delitos - Foto: Europa Press

El Gobierno de España, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha aprobado la orden ministerial por la que se crearán las unidades administrativas de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de Valladolid, León, Ponferrada, Burgos, Salamanca, Palencia, Segovia, Soria, Ávila y Zamora, que verán incrementado en diez el número total de plazas asignadas en las oficinas de la Comunidad. Todas ellas contaban, hasta ahora, con diez efectivos, que se duplicarán.

Las OAVD se configuran como un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito, en atención a los derechos recogidos en la normativa europea y en el estatuto de la víctima del delito. Las oficinas son unidades dependientes del Ministerio, que estarán integradas por personal adscrito a la administración de Justicia, además de profesionales de la psicología o cualquier personal técnico que se considere necesario para la prestación del servicio. Ofrecen una asistencia integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, proporcionándoles información en el ámbito jurídico y social, derivándolas a todos los recursos públicos disponibles. 

Además, las  OAVD facilitan asistencia psicológica cuando se requiere, antes, durante y, por un período de tiempo adecuado, después de la conclusión del proceso penal. En ellas se ofrece información adaptada a las circunstancias personales de las víctimas y a la naturaleza de los delitos cometidos, profundizando así en la concepción de "justicia de los cuidados". 

El servicio que prestan las oficinas no está condicionado a la presentación previa de denuncia, por lo que las víctimas pueden acceder al mismo con carácter previo al ejercicio de cualquier acción penal. Su labor es especialmente importante en los casos de violencia de género, ya que un 75 por ciento de las víctimas atendidas lo son por delitos de esta naturaleza.