Castilla y León tiene una infrafinanciación anual de 395 millones de euros y de 158 euros por habitante, lo que supone un déficit acumulado de 5.137 millones en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica entre 2009-2021, que en la práctica supone que un 6 por ciento de promedio de gasto social no este cubierto. Así lo refleja el informe de 'Análisis de la gestión del programa presupuestario de Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021' entregado por el Consejo de Cuentas a las Cortes de Castilla y León, en el que se recomienda a Junta y grupos parlamentarios que, para corregir ese déficit, promuevan en una revisión del sistema de financiación que se ponderen las variables no poblacionales, como contempla el Estatuto. 

El déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021, calculado por la diferencia anual entre la financiación líquida recibida y el gasto social, asciende a 6.722 millones. No obstante, sí se descuentan los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 ante la pandemia, de 843 y 741 millones, respectivamente, asciende a 5.137 millones, que en promedio supone una infrafinanciación de 395 millones anuales, con un 6% de promedio de gasto social no cubierto. El gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en Castilla y León pasa de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021. Así es la cuarta con mayor aumento con respecto a 2009, un 28 por ciento.

La financiación líquida recibida (entendida como la suma de las entregas a cuenta más las liquidaciones definitivas, menos los reintegros de liquidaciones negativas), ascendió en 2009 a 6.629 millones, que se elevan hasta los 6.746 millones en 2021, un 2 por ciento más. Por su parte el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales ha pasado de 6.444 millones en 2009 a 7.672 millones en 2021, con un aumento del 19 por ciento, según informa la Agencia Ical. 

CyL arrastra un déficit de 5.100M€ del modelo de financiación - Foto: FS ICAL

En el sistema de financiación, la población ajustada mide la necesidad de gasto de los distintos servicios fundamentales, y es determinante para el reparto del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, pero ha ido disminuyendo su peso relativo ponderado si se compara con el que tenía en 2010. En Castilla y León, ha pasado de representar el 6,23 por ciento al 5,84 por ciento en 2021. Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones. Como resumen, se advierte de que, como el modelo actual reparte los recursos atendiendo mayoritariamente a la población, «es evidente» que se produce una infrafinanciación de las comunidades autónomas que tienen menos población y que se encuentran más afectadas por el impacto de las variables no poblacionales (superficie, dispersión e insularidad) sobre el coste de prestación de los servicios.

Recomendaciones

La institución propia presidida por Mario Amiliva recomienda que se promueva una revisión del sistema de financiación autonómica que tenga por finalidad «aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales determinadas mediante un estudio del coste real de un catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades autónomas». Para ello, y mientras no se aborde una reforma integral del sistema de financiación, para el organismo de cuentas «se debe avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades, con una adecuada ponderación de las variables determinantes del gasto por bloques competenciales, especialmente las no poblacionales tal y como señala el Estatuto de Autonomía».