El Programa Operativo del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027 contempla una inversión de 282,36 millones de euros, de los que 113 millones -el 40 por ciento- son aportados por la Administración autonómica y 169,4 millones -el 60 por ciento- por la Unión Europea.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó hoy en un acto con representantes de entidades sociales de inclusión social y discapacidad, con agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León hasta 2027, que fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 2 de diciembre.
Fernández Carriedo explicó que Castilla y León es un territorio en transición, por lo que le corresponde una aportación europea del 60 por ciento, frente al 85 por ciento previsto para aquellas zonas menos desarrolladas -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- y ultraperiféricas. En el mismo grupo de la Comunidad se encuentran también autonomías como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, ya que su Producto Interior Bruto per cápita se sitúa entre el 75 y el 100 por 100 de la media de la UE. En el caso de las más desarrolladas -Madrid, País Vasco, y Cataluña, entre otras– la financiación se reduce al 40 por ciento.
En ese sentido, el consejero explicó que el Programa del Fondo Social Europeo+ (FSE+) de Castilla y León ha sido elaborado mediante la colaboración de diferentes administraciones públicas, como el Ministerio de Trabajo y la Junta, si bien la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos ha actuado de coordinador. Además, implica a cuatro consejerías -Industria, Comercio y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Movilidad y Transformación Digital-. También tiene como referentes a los colectivos económicos y sociales, entre ellos, el tercer sector.
La programación acordada en lo establecido en el reglamento del FSE+ por la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen que cumplir, al menos, con la siguiente concentración temática: un 25 por ciento destinado a inclusión social; un 12,5 por ciento para empleo juvenil; el cinco por ciento para luchar contra la pobreza infantil; al menos el tres por ciento de privación material, y al menos un 0,25 por ciento de capacitación de interlocutores y agentes sociales.
de las personas con discapacidad, mediante la orientación, el acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral al objeto de lograr una participación activa en el mercado laboral.
Otro de los fines es garantizar una educación "inclusiva y de calidad" en todas las etapas formativas y fortalecer el sistema de protección a la infancia a través del refuerzo del sistema de protección social, desarrollando actuaciones de apoyo y acompañamiento o 'mentoring', con especial atención a los menores protegidos y/ o en situación de vulneración social.