La Federación Empresarial Segoviana y la Lonja Agropecuaria de Segovia, a través de un comunicado conjunto, "lamentan profundamente la situación generada por el ex presidente de esta última, Carlos González", tras conocer, a través de El Día de Segovia, la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valladolid por un delito continuado de estafa.

Tanto la FES como la Lonja Agropecuaria de Segovia, integrada en la primera, aseguran que "no tenían conocimiento alguno de las actividades desarrolladas por el condenado y, por tanto, se desvinculan totalmente de cualquier acción ilícita ejercida por el mismo, tanto a título particular como usando el nombre de la propia Lonja Agropecuaria para lucrarse de manera indebida".

La Lonja Agropecuaria de Segovia fija los precios de referencia de las producciones agrícolas y ganaderas, pero también, facilita la estabilidad de los mercados y con ello, favorece la planificación de la producción agroalimentaria bajo criterios de eficiencia y rentabilidad.

En este sentido, ambas  organizaciónes, sostienen que "su función nada tiene que ver con la actividad por la que se le imputa al condenado".

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a dos años de prisión y una multa de diez euros diarios durante cinco meses a Carlos González, por un delito continuado de estafa. En el juicio su abogado reconoció que entre finales de 2018 y principios de 2019 estafó a tres personas que contrataron su servicios para que llevara a cabo sondeos de agua y construyera pozos en Segovia y Valladolid y a una empresa a la que encargó un trabajo de este tipo.

El expresidente de la Lonja, que ha devuelto una parte del dinero que estafó, todavía tendrá que indemnizar con 79.460,70 euros a uno de los perjudicados pero se ha beneficiado de que el tribunal ha aceptado –para rebajar las penas que solicitaba la Fiscalía– las atenuantes de reparación del daño, su adicción al alcohol y la cocaína y el retraso indebido de la causa judicial.

La Guardia Civil inició en marzo de 2019 la operación 'Pocero', tras la denuncia presentada por uno de los perjudicados, y detuvo en mayo de ese mismo año a González, que quedó en libertad provisional tras prestar declaración.

La sentencia dictada ahora considera probado que el expresidente de la Lonja se comprometió con tres propietarios de terrenos a llevar a cabo sondeos o construir pozos -según el caso-, cobró cerca de 20.000 euros de anticipos y no llevó a cabo los trabajos. También contrató los servicios de una empresa de sondeos para que esta construyera un pozo en Madrona por 79.460 euros y no los pagó.

González operaba a través de la empresa Aquaorbit, que en realidad solo era una marca comercial ya que no estaba constituida legalmente como sociedad. Se publicitaba a través de anuncios en medios de comunicación y otros soportes como una compañía que hacía trabajos de sondeo, perforación, equipos de bombeo y legalización y concesiones de agua. Simultaneaba esa actividad con su labor como presidente de la Lonja Agropecuaria de Segovia, donde no dimitió hasta dos meses y medio después de que estallara el escándalo.

La pérdida de confianza de algunos de los integrantes de este histórico órgano –que marca cada semana desde hace cuatro décadas las cotizaciones de los principales productos agrarios (ovejas, corderos, cerdos, cochinillos, cereal...)– propició su renuncia, aunque él subrayó en ese momento que se marchaba por el bien de la institución.