«Soy paciente, me gusta la gente y soy de buen talante, pero llega un momento en el que me acabo hartando», declaraba la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en referencia a PP y Cs, durante el pleno de debate sobre el estado de la ciudad celebrado el 26 de febrero. «Me hartan ustedes, es muy difícil que yo me entienda con ustedes. Es muy difícil que yo me entienda porque yo soy una persona que no se sale de los planteamientos éticos y serios; y por aquí, por una parte del hemiciclo, faltan planteamientos éticos y seriedad. Muchas gracias a todos por su participación en el debate». Ahí cerró la sesión y se apagaron los micros, pero no los focos de la actualidad sobre una Corporación municipal fracturada en plena pandemia y retratada por un discurso de ruptura inédito por provenir de la propia alcaldesa. Sigue firme en el puesto por la relativa estabilidad que le dan IU y Podemos, pero tocada por la cascada de polémicas con populares y naranjas que se ha precipitado en apenas un mes. Desde la judicialización de irregularidades en la adjudicación de la dirección del festival de cine europeo (antigua Muces), que ya ha derivado en una sentencia condenatoria para el Ayuntamiento, hasta la denegación de la licencia para construir un complejo de pistas de pádel en el colegio Claret y, sobre todo, la futura deslocalización de la Base Mixta, con moción incluida de reprobación planteada por el PP contra Luquero por «su inacción» ante semejante pérdida, aunque todavía queden años por delante hasta que se haga efectiva, sin que se descarte reconvertir sus instalaciones para que tengan alguna solución de continuidad.
El mismo pleno del del 26 de febrero se celebró con carácter extraordinario por exigencia de PP y Cs, que no dieron tiempo al PSOE de cumplir (o incumplir) el compromiso de rendir cuentas de su gestión del ejercicio anterior en sesión ordinaria antes de abril de cada año (Luquero dijo después que preveía hacerlo el 26 de marzo). Sin cauces de diálogo abiertos con el Gobierno municipal, los dos principales grupos de la oposición se han propuesto desgastar por la vía del aplastamiento, aunque la primera piedra la puso el propio PSOE desde Madrid con la elección de Córdoba como sede del futuro centro logístico del Ejército de Tierra por sorpresa, sin preaviso al resto de candidaturas ni transparencia.
Segovia, sin embargo, ha vivido plenos más broncos que el del 26 de febrero sin necesidad de remontarse a etapas lejanas y sin que Luquero reaccionara de ese modo. Cierto que hubo intervenciones muy críticas desde la oposición: la portavoz de Cs, Noemí Otero, pidió su marcha; y su homólogo del PP, Pablo Pérez, afirmó que Segovia «no merece esta alcaldesa». Pero fueron más duras por el fondo que por las formas.
Lo más grueso que se escuchó lo dijo Otero al acusar a Luquero de «mentir» en la campaña electoral de 2019 por asegurar que la ordenanza del Acueducto ya estaba lista para su aprobación al inicio del mandato siguiente. Quizá se pueda discutir si faltó a la verdad con premeditación o se precipitó al dar por hecho que saldría adelante tal ordenanza, dado que los técnicos venían advirtiendo de incompatibilidades con otras normativas desde 2018, pero no deja de ser uno de tantos conflictos típicos de los últimos años.
Otra cuestión es la tormenta perfecta que ha desatado la elección de Córdoba para la macrobase militar. Con el clima político actual, era previsible que la oposición aprovechara la ocasión de intentar poner a Luquero el cartel de «la alcaldesa que cerró la base» y así lo hizo el viernes, pese a la ingenuidad que conlleva pensar que el rumbo logístico de la Estrategia de Seguridad Nacional, una decisión de más de 350 millones de euros, pudiera depender de los intereses de un municipio de apenas 51.000 habitantes.
SIN PACTO POR LA BASE. El PP, en cierto modo, ofreció a Luquero un paraguas a medida en febrero de 2020, cuando llevó al pleno una moción para instar a la creación de una mesa de trabajo que diera participación al resto de grupos en la elaboración de la candidatura de Segovia para apurar las escasas opciones de atraer todas las bases del Ejército de Tierra a la ciudad, en lugar de perder la que tiene desde hace dos siglos. Pero Luquero ha terminado sirviendo en bandeja a la oposición una estrategia de desgaste que, previsiblemente, va a estirar todo el mandato.
La propuesta de creación de la mesa de trabajo se aprobó gracias al apoyo de Podemos-Equo, pero malnació por el voto en contra del PSOE, que nunca la convocó. «Conviene recordar que las mociones son meras declaraciones de voluntad política», respondía Luquero a la prensa el 28 de enero, al ser preguntada por la inactividad de aquella mesa, cuando ya habían trascendido movimientos de otras ciudades ante la entonces posible adjudicación inminente de ese proyecto (acababa de publicarse en prensa que Jaén y Toledo sonaban como ‘finalistas’, aunque al final fuera Córdoba).
Ese mismo argumento, el de la falta de valor resolutivo de las mociones para justificar su incumplimiento, dado que un Gobierno municipal no está legalmente obligado, lo ha esgrimido en numerosas ocasiones, aunque sea algo tan cierto como difícil de encajar en un parlamento que aspire a dialogar sin fobias ni prejuicios. Lo hace cada vez que se le pregunta por una moción aprobada sin respaldo del PSOE que se queda en un limbo, pero la aparente honestidad de decir lo que uno piensa no siempre trae recompensa si uno no mide lo que dice; y menos en política, por suerte o desgracia.
Luquero alegaba que una mesa de trabajo era «innecesaria». «El Gobierno municipal ya ha hecho lo que tenía que hacer», dijo, en referencia a la reunión que mantuvo en marzo de 2020 con el entonces secretario de Estado de Defensa para detallarle el interés de Segovia por la futura macrobase; y en esa idea incidió sin ser aún consciente de que, sólo una semana después de aquella respuesta a la prensa, el Ministerio la iba a convertir en blanco político fácil para que la oposición le atribuyera toda la responsabilidad. Desde luego, mucho más fácil que si hubiera convocado la mesa e implicado al resto de grupos, independientemente de que con ese órgano como trinchera se hubiera expuesto también a que la oposición abriera otros frentes.
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados, conocido como PCMASA 2 o base mixta.Dando la espalda a tal propuesta de trabajo conjunto, aunque pudiera pensar que fuera una pérdida de tiempo o postureo, propició que el PP le pidiera una comisión extraordinaria de Hacienda el 19 de febrero en la que no hubo cámaras ni enfrentamiento, pero sí un comunicado posterior donde los populares anunciaron que llevarían al Pleno una moción de reprobación a la alcaldesa por «su pésima gestión» del asunto de la base militar y por no haber contado con los demás grupos. Es una iniciativa sin valor resolutivo, un acto simbólico que nada tiene que ver con una moción de censura, pero no sentó nada bien a Luquero. Ese mismo día llegó a declarar a la prensa que la figura de la reprobación no existe en el reglamento municipal e incluso afeó la «ignorancia» del PP por anunciarla, a pesar de que, siendo ya ella alcaldesa, hubo varias contra concejales de su equipo, como la que presentó IU (entonces en la oposición) en 2017 contra quien fuera su número 2, Alfonso Reguera.
Dos días antes de aquella comisión de Hacienda, el 17 de febrero, trascendía la denegación de licencia de obras para la construcción de doce pistas de pádel, una cafetería y un aparcamiento en el antiguo campo de fútbol del colegio Claret, «por incumplir la normativa urbanística». Más allá de la lógica frustración del promotor privado que había llegado a un acuerdo con ese centro educativo para ubicar allí su proyecto, y que asegura que en sus contactos con Urbanismo no se le previno de incompatibilidades, choca que PP y Cs aireen falta de interés en el PSOE por facilitar una inversión de un millón y medio de euros cuando, según la Concejalía, la propia Junta (gobernada por PP y Cs), a través de la Comisión de Patrimonio, también había advertido de la necesidad de introducir cambios en el proyecto. Igual que también choca, por otro lado, que el diputado nacional y secretario provincial socialista, José Luis Aceves, interprete que este conflicto ha sido «orquestado políticamente» por Pablo Pérez con«su amigo» Daniel Sobrados, arquitecto responsable del proyecto, exconcejal y exprocurador del PP. ¿Le acusa de buscar rédito político a costa de su interés profesional por sacar adelante el encargo de un cliente?
Entretanto, populares y socialistas se veían las caras en los juzgados el 24 de febrero por «presuntas irregularidades» en la adjudicación de la dirección del festival europeo de cine (antigua Muces). El PP llevaba meses hablando de ello como «el caso Trípode», por el nombre de la empresa, y de «dedazo», por fraccionamiento de contratos para evitar el concurso por no alcanzar la cantidad a partir de la cual es obligatorio. La sospecha y la pena de pasillo siempre conllevan desgaste y abusar de los juzgados es una tentación latente en cualquier oposición, pero lo cierto es que el juez ha condenado al Ayuntamiento incluso en costas, según sentencia conocida este jueves, abriendo otra grieta, y además muy seria, en el debilitado armazón del Gobierno local.
Antiguo campo de fútbol del colegio Claret, donde se preveía ejecutar el proyecto de pistas de pádel cuya licencia de obras ha sido denegada por el Ayuntamiento.«Show tras show», decía la alcaldesa en el pleno sobre el estado de la ciudad para afear la estrategia de la oposición, pero en este caso el espectáculo ha terminado en condena. Y cuando no hay diálogo, independientemente de quién esté más interesado en que no lo haya, la política no desaparece, se hace tóxica.
Por otro lado, sorprende que Luquero se declare «harta» de la oposición cuando vive su etapa aparentemente más estable desde que tomó el bastón de mando en abril de 2014; una etapa dura por la pandemia, claro, pero más estable que las anteriores en lo político. Avanza con mayorías absolutas frecuentes gracias a la integración de IU en el equipo de Gobierno y el apoyo habitual de Podemos-Equo, mientras PP y Cs permanecen con su actividad limitada a lo que Luquero considera postureo: declaraciones a la prensa y «sobreactuaciones» en los plenos.
En su primer año como alcaldesa, bregó con guante blanco y puño de hierro ante las tres dimisiones que tuvo que encajar en el equipo que heredó de Arahuetes. En su primer mandato completo, con su puesto ya ratificado por las urnas, pudo liderar un equipo más ajustado a sus intereses, pero tuvo que gobernar con presupuestos lastrados por sentencias administrativas o judiciales millonarias (desde la del CAT por retrasos en las obras hasta las correcciones al alza de las expropiaciones de terrenos para el parking de Padre Claret y el nuevo instituto de San Lorenzo) originadas durante gobiernos anteriores a su llegada o de los que fue parte con Arahuetes, pero siendo concejala de Cultura.
César Gómez, abogado del PP en el caso Trípode (izquierda), con Pablo Pérez y José Luis Huertas, portavoz y concejal del Grupo Popular, junto a los juzgados.De la precariedad de esos años da buena cuenta que las dos obras de más impacto del periodo 2015-19 se limitaran al arreglo de San Juan y los 40.000 euros que costó mover los bolardos de la plaza de la Artillería para dar más aire al Acueducto, y esos años los tuvo que digerir con un Gobierno en minoría. Con 12 ediles de 25 dentro de su equipo y un precario pacto con un grupo político, Cs, con el que entonces tampoco tenía química, pero sí hubo responsabilidad de gobierno para fijar la prioridad de no bloquear la actividad municipal. Un mandato difícil que se agravó aún más en el último año tras la sonada dimisión de Alfonso Reguera por amenazar a un policía local; y por la crisis que provocó poco después la decisión del Gobierno central de llevarse al entonces concejal José Bayón a Enisa (la Empresa Nacional de Innovación), otra maniobra desde Madrid que complicó el trabajo del PSOE en Segovia.
Sin embargo, a pesar de tales precedentes, Luquero se ha declarado harta ahora, cuando ya no tiene sentencias millonarias de ese calibre a la vista, maneja el mayor presupuesto municipal en más de una década y lidera un equipo de Gobierno con sólo diez ediles del PSOE, pero con dos de IU dentro del equipo y con el de Podemos facilitando que hasta hoy sólo haya sufrido dos derrotas plenarias de peso por fallarle el voto morado: la automatización del parking de Ezequiel González, rechazada por la pérdida de empleo que supone; y la aprobacion de la mesa de trabajo que nunca llegó a convocar para la candidatura de Segovia a acoger la macrobase militar.
¿COMUNICACIÓN O POSTUREO? En política, por suerte y/o desgracia, las apariencias importan tanto como los hechos; a veces más. Y dentro de las apariencias, guste o no, conviven o malviven dos conceptos emparentados pero contrarios a la vez: a un lado el postureo y al otro la necesidad de comunicar al ciudadano aquello que se hace, separados por una delgada línea viva y traviesa; tan fina que dificulta sobremanera distinguir dónde se sitúa cada cual.
En Segovia, el PSOE no ocultó desde el primer minuto que su mandato municipal discurriría por la izquierda: con IU de la mano, dentro del equipo de Gobierno, y con Podemos como apoyo habitual tras la firma de un acuerdo programático con decenas de medidas. Tras una primera ronda de reuniones de cortesía con cada portavoz de grupo electo, ahorró tiempo y postureos: vio la oportunidad de sumar una mayoría absoluta de izquierdas y no la desaprovechó, aunque no lograra tranquilidad plena por mantener el concejal morado una cómoda condición de verso libre que le facilita entrar y salir de la foto.
Y mientras tanto, PP y Cs fuera del marco, aunque representan al 45% de los votantes que determinaron la Corporación actual, frente a un 41% de PSOE e IU, más un 5% de Podemos. Si Vox hubiera sacado 48 votos más habría entrado en la Corporación a costa del partido morado, y Cs se quedó a 65 de lograr un cuarto concejal que, junto con los nueve del PP, habrían propiciado la opción de un Gobierno alternativo incluso más fuerte que el actual (por suerte o desgracia) por sumar 13 ediles de 25, mayoría absoluta, en lugar de los 12 de PSOE (10) e IU (2). Pero la realidad es que la capacidad de PP y Cs de influir en la acción de gobierno en este mandato se ha visto reducida en la práctica al ámbito de las apariencias. Así son las reglas del juego político municipal en España, sin que ningún partido de referencia haya puesto el grito en el cielo por ello.
En Segovia, entre el centro izquierda y el centro derecha no hay diálogo, sólo reproches, y la mayor crisis sanitaria vivida en un siglo no ha alterado el guion. Los pactos globales contra la covid se generalizaron en las instituciones sobre todo a partir de mayo, pero Luquero no fue partidaria de tantear esa opción en el Ayuntamiento por considerar que la responsabilidad de gobernar le corresponde al Gobierno, una obviedad con muchas aristas.
Tampoco ayudan detalles como el formato del debate sobre el estado de la ciudad: duró 160 minutos, de los cuales 83 los ocupó la alcaldesa en dos turnos de apertura (75) y cierre (8). Cada portavoz de grupo tuvo 15 minutos (un primer turno de diez y otro de cinco), incluyendo también los de PSOE e IU, por lo que el equipo de Gobierno sumó 113 minutos, frente a 15 de Podemos, 15 del PP y 15 de Cs para armar discursos que dejaran huella, expuestos a la búsqueda de titulares con poco desarrollo o argumentación.
Al mismo tiempo, Luquero, con su discurso crítico del ‘hartazgo’ contra PP y Cs, asume un papel que años atrás le resolvía Reguera y que ahora la sitúa con un talante más agresivo que IU o Podemos, comedidos y constructivos en aquel debate. Y se expone a alimentar otro recurso tópico de manual para cualquier oposición: atribuir la etiqueta del cansancio, el agotamiento y la falta de ideas al líder que se pretende derrocar. Pronto sonará fuerte el discurso del desgaste, y probablemente ya no deje de hacerlo hasta el final.