La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, informaba este jueves de la firma de un decreto para la incorporación de remanentes de crédito ya comprometidos, por un importe de 8,2 millones de euros, para asegurar la continuidad de las inversiones que ya están en ejecución, así como las que puedan ir saliendo a concurso en próximos meses, y sobrellevar de este modo la falta de un presupuesto específico de 2023, cuya elaboración sigue acumulando retrasos sine die. Sin fecha para su presentación, y a estas alturas ya sin opciones de que puedan entrar en vigor antes de marzo o abril como mínimo, cuando las próximas elecciones son el próximo 28 de mayo. Una circunstancia que afeaba el mismo jueves en rueda de prensa el portavoz del PP, Pablo Pérez, al destacar que «prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia de Segovia y de las capitales de la Comunidad tienen ya sus presupuestos de 2023», salvo éste.

Martín, por el contrario, en otra rueda de prensa previa a la que ofreció el portavoz popular, buscó darle réplica por anticipado al asegurar que la incorporación de remanentes de crédito ya comprometidos «quiere decir que, aunque el Ayuntamiento no haya presentado el nuevo presupuesto, sigue contando con fondos para su actividad ordinaria y también para la ejecución de inversiones». Entre otras, citó la destinada a la reurbanización del eje viario Catedral-Alcázar, cuyas obras reiteró que espera que empiecen a finales de mes, así como otras que ya contaban con partidas en las cuentas de 2022, pero que no pasaron del papel. Es el caso del ascensor urbano de San Millán, que aún no tiene un proyecto que sacar a concurso, o el del recinto ferial-aparcamiento disuasorio que se anunció en el Centro de Transportes, que ahora tiene asegurado dinero para 2023, pero también muchos trámites pendientes que, en la práctica, hacen imposible su ejecución este mandato.