La aprobación de sendas comisiones de investigación sobre el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de venta de mascarillas durante la pandemia, en el Senado y en el Parlamento de Baleares abre una puerta a conocer la participación de quienes ostentaban cargos públicos tanto en el Gobierno central como en otros autonómicos como el balear y el canario. Aunque la responsabilidad penal tiene que ser investigada y, en su caso, juzgada por los tribunales de justicia, es evidente que existe una responsabilidad política por parte de quienes conocían, admitían o simplemente miraban para otro lado mientras se producían cobros ilegales en contratos de compra de mascarillas. Aunque el epicentro de esta trama se encontraba en el Ministerio de Fomento, entonces dirigido por José Luis Ábalos, también existieron operaciones en las que se vieron involucrados los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares, este último presidido por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.

La comisión que pondrá en marcha el Senado contó con el apoyo de todos los grupos políticos, aunque la oposición haya criticado al PP (que la hubiera aprobado igual con su mayoría absoluta) por no querer que se amplíen las pesquisas a todos los contratos realizados por cualquier administración pública en periodo de pandemia. Esta unanimidad podría parecer un paso muy prometedor para buscar con la máxima transparencia cualquier decisión que afecte al dinero público sospechosa de corrupción, sin embargo los ciudadanos conocemos ya cómo han terminado todas las comisiones de investigación abiertas hasta el momento en las Cortes Generales. Simplemente, en nada. Cada partido político ha defendido a los suyos y ha acusado a los contrarios sin admitir ni buscar nada que pueda comprometerlos. La postura inicial no suele variar y las conclusiones de estas comisiones, muchas veces, están escritas antes de que se inicien las reuniones. La mayoría de los dirigentes únicamente las utilizan para desgastar políticamente al contrario.

Por ello no caben demasiadas esperanzas de que sirvan para levantar las alfombras. Muchos menos cabe esperar que, gracias a sus trabajos, algún dirigente político, mucho menos el presidente del Gobierno, asuma sus responsabilidades y presente su dimisión. En cambio, ya se anuncia un trabajo bronco en el que se mezclará la amnistía, Gürtel, el caso Delcy y el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, a mayores de lo que pueda ir surgiendo. Aún sabiendo los nulos resultados de este tipo de comisiones, hay que seguir reclamando transparencia e investigación hasta el final de cualquier sospecha de fraude o corrupción con dinero público, afecte a quien afecte, e incluso si pudiera hacer caer a todo un Gobierno. Nuestra solidez democrática también debe demostrarse en estos casos, en el uso de herramientas que sirvan para depurar responsabilidades políticas, más allá de las estrictamente penales que los tribunales de justicia se encargarán de resolver.