La Junta de Castilla y León contará con un canal interno que asumirá las denuncias por infracciones cometidas en la función pública o por casos de corrupción en la Administración regional que servirá para proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información. Una medida que transpone a la regulación autonómico la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que incorporó al Derecho español la Directiva europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones dentro de las administraciones públicas. Decisión que ya recibió el visto bueno de las Cortes el pasado 31 de mayo y que ahora la Consejería de la Presidencia ha sacado a exposición pública como paso previo a su aprobación definitiva. Con ello, la Junta de Castilla y León regula la creación de un canal de información interno para que sus funcionarios puedan denunciar, tanto a título personal como de forma anónima, las posibles infracciones legales o casos de corrupción que detecten durante el desempeño de su actividad.
Precisamente, una de las partes en las que más hincapié hace el nuevo decreto autonómico es en la protección de aquellos informantes anónimos, con una serie de mecanismos administrativos fijados para hacer imposible llegar a conocer su identidad. De hecho, uno de sus principios establece la garantía de anonimicidad, que «permitirá a los informantes acogerse al anonimato para la comunicación de informaciones, disponiendo de mecanismos que permitan garantizar que, en estos casos, su identidad no pueda ser rastreada por ningún medio». Igualmente, fija entre sus pilares el respeto a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas.
Toda la gestión del nuevo canal interno de la Junta colgará de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dependiente de la Secretaría General de Consejería de la Presidencia, que dirige Santiago Fernández Martín. Un organismo que deberá remitir «con carácter inmediato» a la Justicia aquellos hechos que pudieran ser «indiciariamente constitutivos de delito». En el caso de que los hechos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea.
En cualquier caso, el Decreto autonómico establece que todas las investigaciones deberán finalizar con un informe que pondrá de manifiesto las actuaciones encaminadas a examinar la exactitud de las informaciones, una valoración del resultado que se deriva de las mismas y las consideraciones que justifican el archivo o la remisión a la autoridad judicial.
En total serán cinco los medios por el que los informantes podrán presentar sus sospechas o denuncias de irregularidades en la Administración autonómica: por medios electrónicos; mediante un escrito presentado; a través de un sistema de mensajería de voz; de forma telefónica, a través del número de información administrativa 012; o, por último, de manera presencial.
No obstante, el texto establece algunos casos en los que la Administración rechazará investigar las denuncias presentadas, como es en aquellas sobre hechos y conductas sobre las que se hubieran realizado actuaciones de investigación ya finalizadas. También incluye entre las excepciones los avisos sobre conductas que están siendo o hubieran sido investigadas por la autoridad judicial; o que existan indicios de que la información se haya obtenido mediante la comisión de un delito.
100.000 euros para las pólizas de responsabilidad de los altos cargos
La Junta de Castilla y León acaba de aprobar un contrato de 95.000 euros con la aseguradora AIG para la formalización de un seguro que cubra a título personal, las responsabilidades legales de cualquier alto cargo y empleado público al servicio de la Administración General de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, en el ejercicio de su cargo, durante el próximo año. Con este seguro se amparan las reclamaciones contra los asegurados por las que incurran en responsabilidad civil imputable a todo acto cometido en el ejercicio de sus funciones, quedando excluidos cualquier acto u omisión dolosa, deliberadamente antijurídico o fraudulento, o cometido con la intención de causar daño; cualquiera en que intervenga culpa o negligencia graves; y aquellos que supongan algún beneficio, remuneración o ventaja financiera ilícitos obtenidos por un asegurado a los que no tuviera legalmente derecho. Para ello se establece un límite mínimo de indemnización por siniestro y periodo de seguro de 7.500.000 euros.
Así, los altos cargos de la Junta – y sus cónyuges legales en lo que se refiere a procedimientos iniciados contra bienes gananciales en poder o propiedad del cónyuge– verán cubierto por parte de la aseguradora aquellos gastos necesarios para afrontar reclamaciones o indemnizaciones durante el ejercicio de su puesto.