IU rechaza contratar servicios religiosos en el cementerio

D.S.
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El equipo de Gobierno (PP) ha firmado un contrato con el Obispado para la prestación del servicio religioso católico en los entierros

IU rechaza contratar servicios religiosos en el cementerio

Izquierda Unida critica la firma de un contrato menor -de un importe de 3.121 euros- entre el Ayuntamiento de Segovia y el Obispado para la prestación del servicio religioso católico en los entierros que se celebren en el cementerio municipal.

El grupo municipal de IU critica que el nuevo equipo de Gobierno del PP contrate unos servicios religiosos cuyo coste debería ser asumido por la Iglesia Católica, que ya "recibe dinero del Estado y es la que debe atender a sus feligreses", señalan en un comunicado.

En el pasado mandato, la concejalía de Servicios Sociales, gestionada por Ana Peñalosa, puso fin a un convenio mediante el cual el Ayto abonaba 774 euros brutos mensuales al Obispado para el desarrollo de los servicios religiosos de sepultura (una cantidad anual de casi 9.300 euros). Este convenio fue aprobado por el PSOE y renovado antes de que Izquierda Unida entrara en el Gobierno municipal. Pero la formación de IU siempre ha sido crítica con los pagos municipales a estos servicios, tanto con el convenio realizado por parte del PSOE como con este contrato impulsado ahora por el PP.

"El actual equipo de Gobierno justifica este contrato directo porque, tradicionalmente, en el cementerio municipal se ha prestado el servicio religioso católico a las personas que así lo quisieran (mediante el convenio anteriormente mencionado). Izquierda Unida remarca que, desde que se puso fin a dicho convenio, los curas han seguido celebrando este tipo de ceremonias sin ningún problema, por lo que no hay motivo para que sea el Ayuntamiento el que financie estas labores religiosas", añaden. 

IU se muestra favorable a que el Ayuntamiento "ponga todas las facilidades para la celebración de cualquier tipo de ceremonia, ya sea civil o vinculada a las diferentes creencias religiosas. No obstante, teniendo en cuenta la aconfesionalidad del Estado reconocida en la Constitución, las administraciones públicas no deben destinar fondos públicos para una actividad que pertenece al ámbito privado de las personas", sentencian.