El número de ciudadanos cuyo sustento depende ahora mismo de las arcas públicas ronda los 15 millones de personas en España, y no se incluyen algunos colectivos por la imposibilidad de cuantificarlos. Una cifra que sale de la suma de los más de nueve millones de pensionistas y de los cerca de 3,5 millones de empleados públicos, mientras que el resto lo engrosan las prestaciones por desempleo y otras de similar índole.

Por tanto, la población activa (unos 20 millones) comienza a ser insuficiente para mantener a la pasiva. Si a todo esto le unimos lo que consume la dimensionada estructura política e institucional llegará pronto un día que el paraguas económico del Estado no pueda dar cobijo a tanta prestación. Y si, además, a este elevado coste presupuestario le sumamos un paro endémico (el mayor de la UE), la persistente caída de la natalidad y el aumento del índice de vida, las señales de alarma no pueden nada más que ir a peor.

A pesar de este preocupante escenario, el Gobierno ha aprobado una partida de gasto social e inversión sin precedentes en los presupuestos generales de 2023 para responder a la amenaza de crisis y al asedio de la inflación. Sin poner en duda la protección que los gobiernos deben proporcionar a los habitantes de su país, sí que resulta imprescindible que estos también deben propiciar el equilibrio entre ingresos y gastos para no acentuar el déficit público año tras año y evitar, así, que la acumulación de una deuda insostenible pueda dar al traste con la razonable continuidad de las prestaciones que aún permite el estado de bienestar que tenemos.
Se trata, valga la redundancia, de una cuestión de Estado que exige valentía y altura de miras en nuestra dirigencia pública. No sirven ya especulaciones estériles ante la necesaria supervivencia de un modelo que exige el fino bisturí corrector en beneficio de su propia continuidad.

Y para ello se hace preciso que los gobernantes gestionen la economía del país como si de una empresa se tratara, sin populismos ni intereses partidistas, con estrategias a medio y largo plazo y proyecciones reales de futuro. No es de recibo que nuestros políticos sean incapaces de planificar nada más allá de los cuatro años que comporta una legislatura. Es una pena. Porque el pato lo vamos a pagar todos y, seguramente, las generaciones venideras.