Calor en superficie, aire frío en altura y humedad en el ambiente. Cualquier persona conocedora de la mar sabe que son elementos peligrosos de conjugar. La antesala de lo que se conoce como una 'tormenta perfecta'. La madre de todas las tormentas. Huelga de letrados de Administración de Justicia, paro indefinido de los funcionarios de Justicia y, ahora, las principales asociaciones de jueces y fiscales del país amenazan con hacer lo propio. Una particular tormenta judicial perfecta con consecuencias incuantificables para el sistema. Los primeros en levantarse en armas fueron los letrados de la Administración de Justicia, que estuvieron dos meses de huelga hasta que el Ministerio dio el visto bueno a mejorar en 450 euros sus nóminas. El resultado de su parón de ocho semanas fue unos 350.000 juicios y vistas aplazados en todo el país, enquistado medio millón de demandas y dejando en las cuentas de consignaciones unos 1.280 millones de euros paralizados. Cerrada esta importante avería, el pasado lunes tomaron el relevo los funcionarios de Justicia, con paros parciales todos los días de tres horas con carácter indefinido. Su enfado también radica en la ausencia de un aumento de sueldo, y más tras el éxito de sus compañeros letrados, pero además piden la paralización de la llamada Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, consideran, que incorpora condiciones laborales sin previa negociación y un ajuste de funciones en los empleados públicos de Justicia. En una semana ya llevan unas 700.000 acciones judiciales canceladas en todo el territorio y decenas de miles de juicios en el aire, y la situación no parece que vaya a desatacarse por el momento. Con todo este panorama, los últimos en sumarse han sido los jueces y fiscales. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han comunicado ya su intención de ir a la huelga a partir del 16 de mayo. Su reclamación está en las retribuciones, congeladas desde hace más de diez años, y la convocatoria la próxima semana de la Mesa de Retribuciones podría complicar aún más la situación o invitar a poner fin a un conflicto en el que, una vez más, el mayor perjudicado es el ciudadano. Jueces y fiscales están cansados de recibir largas a su problemática, pero lo cierto y verdad es que el sistema judicial no está para muchos más enquistamientos. Todas las partes deben trabajar para alcanzar un punto de acuerdo y que las medidas de presión anunciadas no lleguen a paralizar más un sistema ya de por sí demasiado colapsado.