Como una metáfora de su propia realidad, la okupación se coló ayer (en este caso por la puerta de atrás) en el tenso debate sobre la Ley de Vivienda que, con toda probabilidad, refrendará el Congreso el próximo jueves. 

Lo hizo ayer cuando salió a la luz una enmienda a este nuevo reglamento que pactó discretamente el jueves de la pasada semana el PSOE con sus socios de Gobierno de Podemos y los aliados de ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT, que dificulta a los propietarios de pisos desalojar a los okupas.

El tema es sensible y las reacciones no se hicieron esperar. El Gobierno se apresuró a salir al paso de las críticas para negar que la nueva Ley de Vivienda complique el desahucio de los okupas y destacó que se está tramitando en el Parlamento la Ley de Eficiencia Procesal, «para que en 48 horas las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los okupas con k, que acceden ilegalmente a las viviendas».

La enmienda obliga al demandante a acreditar si es o no un gran tenedor y a indicar si la parte demandada se «encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica» a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante. Además, tendría que demostrar si el inmueble constituye vivienda habitual de la persona ocupante. Un proceso que, sin duda, alargaría durante más de un año el desalojo de una vivienda ocupada de forma irregular.

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue tajante. «Tengo que desmentir ese hecho. Es muy importante no confundir las okupaciones con k que, combate el Gobierno, con una política pública de vivienda pensando en los que tienen más dificultades».

La portavoz del Gobierno, sin embargo, no aclaró si los dueños de las viviendas van a tener que demostrar que el okupa utiliza esa vivienda como residencia habitual, como plantea la enmienda. Se limitó a precisar que el Ejecutivo va a facilitar que los jueces, en menos tiempo, puedan intervenir. «Ya se está haciendo un gran esfuerzo por todos los operadores jurídicos, por las Fuerzas de Seguridad para evitar estas situaciones», añadió.

Podemos también apretó filas junto al Ejecutivo y su portavoz, Pablo Fernández, afirmó que la okupación «en ningún caso supone un problema real en España, dado que se limita a casos muy puntuales. Indicó asimismo que todo obedece a u «una falacia de la derecha y de la extrema derecha», recalcó al tiempo que defendió que la Ley de Vivienda pretende dar protección a inquilinos vulnerables.

La oposición, por su parte, expresó una visión muy distinta. El PP anunció que votará en contra de la nueva Ley de Vivienda y aseguró que mantiene abierta la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional, mientras acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un «chollo para los okupas».

Así lo señaló su portavoz de campaña, Borja Sémper, que defendió que la ley es un «incentivo» a la okupación y que «obstaculiza» que los propietarios recuperen sus viviendas. Los populares diferencian además entre los casos de impago de alquileres o deudas hipotecarias fruto de la crisis, que necesitan de «ayudas eficaces», del «caradura que se mete en tu vivienda».

Vox también se sumó a los reproches y por boca de su portavoz, Jorge Buxadé, denunció que la nueva Ley de Vivienda «casi legaliza» la okupación «facilitando las vías del delincuente para poder seguir permaneciendo en el inmueble».