Vientos de guerra en el mundo institucional y judicial. Se percibe ya una posible confrontación entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y en principio es el TC el que va a tener que hacer un esfuerzo máximo para no perder su credibilidad.
Mal que le pese a sus miembros, con su presidente Cándido Conde Pumpido a la cabeza, la desconfianza hacia el alto tribunal en el que tanta mano ha metido el presidente Sánchez y su mensajero Bolaños, es un hecho. Más todavía cuando queda una plaza por cubrir que tendría que ocupar alguien propuesto por el PP, puesto que la baja por enfermedad es de un miembro que pertenecía al sector conservador; pero el gobierno pone toda clase de obstáculos para esa designación. Como las ha puesto también para que uno de sus miembros se haya abstenido sobre el recurso a la ley del aborto, como pretendía, porque se sentía vinculada a su tramitación. No se le permitió abstenerse para garantizar el quorum necesario para que se pronunciase el tribunal.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, con el magistrado Manuel Marchena a la cabeza, un jurista polémico porque tiene la mala costumbre de ser muy riguroso con la ley - aunque eso no ha evitado que algunos compañeros hayan cuestionado su postura cuando el TS no vio delito de rebelión en los acusados del procés, sino sedición- ha sido firme en el auto con el que determinaba que Oriol Junqueras, al ser culpable de un delito de malversación agravada y desobediencia, quedaba inhabilitado para ocupar cargo público hasta el 2031, con lo que se venía abajo el sueño independentista -bien visto por el gobierno de Sánchez- de que Junqueras pudiera convertirse en presidente de la Generalitat.
Al líder de ERC le ha faltado tiempo para pedir el amparo del Tribunal Constitucional. Un TC de mayoría progresista. Duele escribir que un tribunal constitucional es de mayoría progresista o conservadoras, pero esa es la situación actual de las instituciones españolas, judiciales o no judiciales -el TC no lo es- porque la fórmula de elección de sus miembros pone en duda la independencia de esas instituciones. Habrá que confiar en que Conde Pumpido responderá a las expectativas que han puesto en él quienes defienden su formación jurídica e integridad profesional y desmienta a quienes, por el contrario, lo consideran un ideologizado magistrado dispuesto a seguir las consignas del gobierno.
En esta nueva situación en la que se puede producir una nueva discrepancia entre el Supremo y el Constitucional, el gobierno vuelve ser fiel a sí mismo y a su engaño permanente. La ministra Montero, vicesecretaria general del PSOE, ha dicho que el gobierno no contemplaba que la reforma del delito de malversación pudiera afectar a los independentistas catalanes condenados. ¿Será posible: El gobierno sigue creyendo que los españoles son personas faltas de entendederas y tragan con ruedas de molino. No solo miente sistemáticamente, sino que toma a los españoles por idiotas.