El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia del 12 de julio de 2022 que condenó a nueve meses de prisión al apoderado de una inmobiliaria por un delito de apropiación indebida por engañar a una pareja en la compra de unas parcelas en Riaza. El alto tribunal de la comunidad ha desestimado el recurso interpuesto por el condenado , que además deberá pagar a las víctimas 18.000 euros, además de los intereses y las costas procesales.

El caso arranca en noviembre de 2018. En ese momento, las víctimas compraron unas parcelas en Riaza. Una operación en la que actuó como intermediario el condenado, apoderado de una empresa inmobiliaria, que también se comprometió a realizar las gestiones necesarias para la construcción de la vivienda que pretendían las víctimas. Estas le entregaron 15.000 euros en enero de 2019 y otros 15.000 en junio de ese año.

Tras comentar las obras supieron que solo había destinado 11.200 euros a los trabajos. 10.000 que había entregado al constructor y 1.200 al arquitecto. El resto del dinero no lo justificó. "Se apoderó de 18.800 euros en beneficio propio", señalaba la sentencia de la Audiencia Provincial.

El TSJ considera que no se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia del condenado ni que haya un error en la valoración de la prueba, que eran los argumentos esgrimidos por su defensa. Esta última sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.