A partir del próximo 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre, el Ministerio de Agricultura, a través de las comunidades autónomas, comenzará a hacer efectivo el pago del 70% del importe de los 4.875 millones destinados a ayudas directas de la Política Agraria Común de 2023. Estos fondos corresponden a los importes de la Ayuda Básica a la Renta para la sostenibilidad, cifrada en unos 2.460 millones de euros; casi 500 millones en pagos redistributivos; cerca de otro centenar como pagos a jóvenes; y 690 en forma de ayudas asociadas a determinadas producciones. A todo ello se añaden los 1.107 millones de fondos correspondientes a los pagos por cumplir la exigencias medioambientales de los eco-regímenes. En conjunto, supondrá el abono inmediato de unos 3.500 millones, mientras la parte restante deberá pagarse en los próximos meses con el 30 de junio de 2024 como fecha tope.

Según los datos provisionales manejados por la Administración, se han registrado 622.404 instancias de Solicitud Única, lo que supone una ligera disminución, en el entorno del 4%, sobre la cifra de la campaña anterior como consecuencia de las jubilaciones que se registran permanentemente. De ese volumen de peticiones, 219.000 corresponden a Andalucía, seguida de 97.000 en Castilla-La Mancha, 61.000 en Castilla y León, 46.000 en Extremadura, 41.000 en la Comunidad Valenciana, 40.500 en Cataluña, 36.000 en Aragón y, en la parte baja, 11.000 en Navarra y 5.000 en La Rioja. En cuanto a las superficies incluidas en esas solicitudes, se mantienen muy estabilizadas en el entorno de los 22,2 millones de hectáreas, lo que indica la existencia de explotaciones cada vez mayores.

La nueva reforma de la Política Agraria Común para aplicar desde este año contempla algunas novedades importantes sobre la disposición anterior, todas ellas encaminadas a potenciar una PAC más verde y responsable con el medio ambiente, muy ligada a las ayudas compensatorias. En esta dirección, cabe señalar la aplicación de lo que se conoce como la Condicionalidad reforzada, por la que se incorporan nuevas exigencias sobre las ya existentes en el anterior pago verde, cuyo cumplimiento es obligatorio para acceder las ayudas directas de la PAC: ayudas medioambientales por superficie previstas en Desarrollo Rural, agroambientales, por zona con limitaciones naturales o explotaciones emplazadas en la Red Natura 2000.

Entre las múltiples exigencias para acceder a esos fondos de ayuda básica se hallan prácticas como el mantenimiento de pastos permanentes, la protección de humedales, la prohibición de quema de rastrojos, establecer franjas de protección junto a los ríos, laboreo para evitar la degradación y erosión del terreno, cobertura de las tierras para frenar pérdidas de suelo por las escorrentías de las lluvias, rotación de cultivos, dejar un porcentaje de tierra sin cultivar, mantener los elementos del paisaje, no cortar setos para no impedir la cría de las aves, mantener pastos permanentes dedicados al pastoreo o fertilización sostenible de los suelos.

La aplicación de la PAC en este nuevo periodo -desde 2023 a 2027-, en medios agrarios se estima que ha comenzado ya a dar frutos positivos que se traducen en un ligero aumento de las superficies de barbechos, una ligera disminución de las siembras de cereales y un fuerte incremento de las superficies de leguminosas, tanto para consumo humano como animal. No obstante esos avances, se considera que es preciso dar más pasos en materias como la rotación de cultivos o el aumento de las superficies de pastos para las cabañas extensivas.

Una cuarta parte.

Sin embargo, junto a esos cambios, la nota más destacable en la nueva PAC se concreta en el establecimiento de los llamado eco-regímenes, que suponen un paso más en la estrategia medioambiental de la Unión Europea y son de obligado cumplimiento para todos los países miembros, pero de carácter voluntario para los agricultores y ganaderos. Esta figura, en España, está dotada de un fondo de 1.107 millones de euros, es decir, casi una cuarta parte del total.

Al tratarse de una nueva vía para acceder a las ayudas a cambio de otras nuevas exigencias climáticas y medioambientales, su implantación en España despertó dudas e interrogantes, tanto en el seno de la Administración como en el propio sector, ante el temor a que no se produjeran la respuestas necesarias para acceder a los fondos y la pérdida parcial de los mismos. Oficialmente, se contemplaba la posibilidad, en el mejor de los casos, de que se acogieran a los mismos un máximo del 70% de los solicitantes. Sin embargo, frente a esas previsiones, los datos provisionales manejados por la Administración señalan que, sobre un total de 622.400 peticiones de Solicitud Única de la PAC, el 75% de las mismas contempla alguna práctica ligada a los eco-regímenes. En la misma dirección, sobre una superficie en las solicitudes de ayuda de 22,2 millones de hectáreas, en el 87%, un total 19,1 millones de hectáreas, hay algún compromiso de aplicar un eco-régimen para cobrar las ayudas previstas.

De esos más de 22 millones de hectáreas sobre las que se deberá aplicar algún tipo de prácticas en apoyo al medio al ambiente, 6,7 millones corresponden al pastoreo extensivo, bien en zonas húmedas en el norte -2,3 millones-, bien en pastos mediterráneos -4,3 millones-.

Una segunda actividad es la aplicación de las rotaciones de cultivos y las siembras directas, tanto en secanos como en regadíos, donde la superficie para la que se reclaman los fondos asciende a 6,9 millones de hectáreas, básicamente para rotaciones en siembra directa en secanos con 4,8 millones de hectáreas, 1,5 millones regadíos y 630.000 en secanos húmedos. La cubierta vegetal en cultivos leñosos con posibles ayudas asciende a 2,37 millones de hectáreas; de ese volumen, 713.000 hectáreas corresponden a terrenos llanos, 582.00 a superficies en pendiente media y más de un millón a tierras de alta pendiente o bancales. Otros 3,06 millones de hectáreas corresponden a espacios para defender la biodiversidad, tierras de cultivo o cultivos permanentes.

De acuerdo con la elevada respuesta de agricultores y ganaderos para acogerse a los siete eco-regímenes en defensa del medio ambiente y la sostenibilidad que, en muchos casos, reduce las posibilidades de producción, según los datos provisionales de la Administración, serán precisos ajustes en el montante de las ayudas previstas para cada uno. Estos valores se sitúan para esta campaña desde menos de 30 euros por hectárea en una superficie de pastos extensivos a los más de 200 en algunas rotaciones de cultivos o para cubiertas vegetales en cultivos leñosos.

Ayudas aparte, el campo ha demostrado ser más medioambientalista de lo que dicen sus detractores.