Ya sonaba desde hace tiempo especialmente complicado que el Ayuntamiento de Segovia activara la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 1 de enero de 2024 cuando, después de una campaña electoral en la que todos los partidos pasaron de puntillas por el asunto, y una vez consumado el cambio de Gobierno local el 17 de junio, con el viraje político que supone, aún están por abordarse cuestiones fundamentales que tienen su proceso administrativo y sus plazos. Entre otras, la revisión de la ORA, cuyo contrato inicial data de 1994, o la modificación de la propia ordenanza de tráfico, aparte de medidas específicas como la salida a concurso de la ejecución de un nuevo sistema de gestión de tráfico, controles de acceso a la futura área restringida... Sin embargo, no fue hasta este jueves cuando el alcalde, José Mazarías, admitió ya abiertamente que solicitará una prórroga al Ministerio para la Transición Ecológica.

La intención es recabar datos de tráfico en lo que queda de este año, diseñar por completo la superficie exacta que abarcará la ZBE y avanzar en la tramitación y puesta en marcha de las medidas asociadas, a lo largo de 2024, para su activación definitiva (aunque progresiva) a partir del 1 de enero de 2025, a pesar de que la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, fijó inicialmente esa fecha pero de 2023. Un plazo incumplido por la gran mayoría de los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes que, por volumen de población, están obligados a implantarla, además de otros a los que también se les exige por distintas circunstancias.

Pero Mazarías se declaraba el jueves «obligado» más bien a esta nueva demora porque, «evidentemente, la definición de la Zona de Bajas Emisiones tiene que responder a estudios técnicos que no están hechos». Ahí se incluye precisamente la colocación de un aforador que estuvo la semana pasada en la calle San Juan, donde se contabilizaron 14.200 vehículos entre los siete días. «Se ha trasladado a la cuesta de San Bartolomé», dijo, y en las próximas estará en otros puntos del casco histórico. 

En este contexto, frente a las críticas del PSOE por considerar que no es la actual una época representativa para esta toma de datos, Mazarías afirmó que no los habría instalado ahora «si el equipo de Gobierno anterior se hubiera preocupado de ponerlos cuando correspondía». «Si hubiéramos tenido más trabajo adelantado, a lo mejor habría sido más fácil (instalar antes de 2024 la ZBE), pero también nos habría costado mucho trabajo», matizó, aunque opinó que «no va a ser difícil» obtener la prórroga «porque no sólo Segovia se está encontrando con dificultades», reiteró.

Por otro lado, lo cierto es que el Plan de Movilidad Urbana de Segovia (PMUS) de 2008 ya contemplaba una «ampliación del área de tráfico restringido» a la práctica totalidad del casco histórico, en lugar de 'sólo' Plaza Mayor y calles aledañas, homologable con la ZBE. Dicho documento municipal, aprobado por unanimidad pero sin haberse implementado por completo en todo este tiempo, ya preveía cámaras de control en la plaza del Conde Cheste, el arco del Socorro y la calle Doctor Velasco para limitar el acceso de tráfico privado no residente desde esos puntos. Así, aparte del transporte público, otros servicios municipales y emergencias, en la ZBE, cuando esté completamente implantada, sólo podrán entrar vehículos de residentes, junto con posibles excepciones como ciertas visitas de familiares, clientes de hoteles, carga y descarga en un horario determinado, vehículos de cero emisiones como los eléctricos… 

En principio, los primeros 'expulsados' de las ZBE de todo el país serán los vehículos diésel y gasolina anteriores a 2014 y 2006, respectivamente, pero hay que ver cómo se aplica la norma a escala local, de cara a posibles exenciones, moratorias o soluciones de implementación por fases; y sobre todo, está por verse a partir de cuándo.