Dos familias segovianas al borde del desahucio claman ayuda

Nacho Sáez
-

La Sareb quiere desalojar de sus viviendas a dos familias de Trescasas que no pudieron escriturar después de que quebrara el promotor de sus casas.

Santiago José González, junto a su hija en el salón de su vivienda. - Foto: Rosa Blanco

La hija de cuatro años de Rufino Ruiz trata de ocultarse en los brazos de su madre ante la presencia en su casa de dos periodistas, un cámara de televisión y una fotógrafa, convocados por sus padres para lanzar un grito desesperado de auxilio. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Segovia ha dado la razón a la Sareb y ha ordenado que desalojen la casa en la que llevan viviendo en Trescasas desde 2012.

«La incertidumbre es... Tenemos crías menores...», suspira Rufino ante el micrófono de La 8 Segovia  de pie en su salón, similar al de cualquier familia de clase media. Tiene los muebles y la decoración que su mujer y él eligieron y pagaron con su esfuerzo. Tampoco faltan los juguetes de sus hijas de diez y cuatro años, las víctimas más indefensas de una situación que mezcla numerosos ingredientes pero que sobre todo atenta contra el sentido común. «La Sareb no quiere sentarse a hablar con nosotros. Solo pedimos que se sienten a hablar con nosotros», señala Rufino.

La pesadilla comenzó en 2012.  Su mujer y él imaginaron su futuro en uno de los chalets que vendía en Trescasas sobre plano una promotora, con la que llegaron a un acuerdo para adquirir la vivienda que incluía la entrega de la casa en la que residían hasta ese momento en el Real Sitio de San Ildefonso. Firmaron un contrato de compraventa y cumplieron con su parte del acuerdo, pero la promotora quebró antes de que escrituraran y les dejó en un limbo en el que continúan trece años después.

Rufino Ruiz, su mujer y una de sus hijas, en su casa este pasado miércoles. Rufino Ruiz, su mujer y una de sus hijas, en su casa este pasado miércoles. - Foto: Rosa Blanco

Entre 2012 y 2019 no dejaron de intentar conseguir las escrituras, pero los numerosos embargos que arrastraba el promotor lo convirtieron en una misión imposible. La vivienda había pasado a ser, primero, de la entidad financiera con la que la constructora tenía una hipoteca, y después, de la Sareb, el llamado 'banco malo' que el Gobierno de Rajoy creó en 2012 para que los bancos pudiesen traspasar a él los activos inmobiliarios que lastraban sus balances.

Con el permiso, dicen, del promotor y sin ser conscientes del pozo oscuro y siniestro en el que podían desembocar, Rufino y su familia entraron a vivir en la casa que habían comprado y no habían podido escriturar, previa inversión de unos 40.000 euros para terminar la vivienda, que por ejemplo carecía de instalación eléctrica en ese momento. «Compras una casa con la ilusión de formar una familia y te encuentras con esto», se lamenta Rufino. En 2019 recibieron la primera demanda de desahucio de la Sareb, que desde entonces no ha parado hasta conseguir que un juez le dé la razón y dicte que esta familia debe abandonar la casa.

«Hemos llamado a la Sareb decenas de veces. Incluso una chica que se dedica a hacer sondeos para ellos ha venido en tres ocasiones a preguntarnos cuál es nuestra intención. Nosotros queremos comprar, pero nos dicen que esto es el cauce a seguir. Quieren tomar posesión de nuestra casa y ya luego sacarla a la venta sin darnos ninguna prioridad a nosotros. Pero no entendemos cómo no nos podemos sentar a hablar con un ente del Estado cuando la solución estaría en cuanto nos pusieran un precio. Que no queremos que nos regalen la casa», continúa Rufino, que a los gastos que tuvo que afrontar para acabar las obras ha tenido que sumar la señal de 15.000 euros que entregó al promotor y que no le devolvió y los gastos de todo este proceso judicial.

Su idea es recurrir la sentencia desfavorable recibida a pesar del desgaste que el asunto está provocando a su familia a todos los niveles. «Nos catalogan como unos okupas al uso, pero nosotros no hemos dado una patada en la puerta y nos hemos metido aquí; tenemos un contrato de compraventa. Estamos con una incertidumbre... No sabemos lo que va a pasar y nos preguntamos: ¿Cuánto tiempo nos queda aquí? ¿A dónde vamos a ir?», concluye Rufino.

«Yo creo en la Justicia pero creo que lo justo sería que el juez le dijese a la Sareb: 'Ustedes tienen que hablar con estos señores que están dentro de la vivienda. Y si no llegan a un acuerdo ya se quedan con la vivienda'», apunta Santiago José González. Su situación es casi idéntica a la de Rufino. Viven en la misma calle aunque ellos no se mudaron a la que todavía es su casa hasta febrero de 2014. «Firmamos el contrato de compraventa en el 2012 y dimos la vivienda en la que estábamos nosotros antes para que la vendiera el promotor y una señal que era el 15% más o menos del valor de la nueva vivienda. Pero al cabo de un año de la firma, la casa seguía en construcción y veíamos que no avanzaba nada, así que hablamos con el promotor, nos dijo que no tenía dinero para seguir y llegamos a un acuerdo por el que, si nosotros acabábamos las obras, podíamos entrar a vivir y la escritura la formalizaríamos cuando se vendiera la otra casa». Hasta hoy.

Como Rufino, Santiago renunció a emprender acciones judiciales contra el promotor. «El abogado dijo que si el promotor se declaraba insolvente no íbamos a ver un duro», explica. Padre de dos hijos de 19 y 11 años, remarca lo mal que lo están pasando: «Mi hija ha vivido siempre en esta casa menos los tres o cuatro primeros meses de su vida. Claro, le dices que mañana a lo mejor nos echan y se le cae el alma a los pies. Ha hecho toda toda su vida en este pueblo».

Santiago y su familia todavía están a la espera de la sentencia, pero es pesimista. En su caso se gastó 60.000 euros en rematar la casa. «No digo que me regalen la casa ni que me den un precio chollo pero sí que me dejen negociar para intentar acabar lo que un día empecé, que es comprar la casa», zanja.