La inspección llevada a cabo por servicios municipales en recintos de ocio nocturno - discotecas, bares y establecimientos de espectáculos en vivo - no ha revelado inicialmente nada preocupante en materia de seguridad, aunque está pendiente el informe técnico detallado con el resultado de cada una de las actuaciones desarrolladas.
El alcalde, José Mazarías, ha comentado a El Día de Segovia que, tal y como se había comprometido el gobierno municipal, se han inspeccionado menos de una decena de recintos o locales del sector del ocio nocturno y los técnicos todavía están trabajando en la documentación recabada.
Mazarías, que ha explicado que cuando se conozca el resultado definitivo se dará a conocer públicamente, ha indicado que en total hay 25 licencias en vigor para este tipo de establecimientos de ocio en la ciudad, como son discotecas, bares especiales y salas de fiesta, pero no todos están abiertos al público en este momento.
Ha recalcado que, con la prudencia necesaria hasta conocer ese informe definitivo, «según me dicen, como avance, las cosas están bien hechas en Segovia, aunque en algún caso puede haber un pequeño detalle, como que no figuraba alguna documentación que tendría que estar expuesta al público, un mal menor, creo yo».
Antecedentes. Tras el incendio en dos discotecas de Murcia, Teatre y Fonda Milagros, la madrugada del domingo 1 de octubre, en el que fallecieron trece personas, el alcalde de Segovia afirmaba pocos días después que, después de hablar con el concejal de área, habían acordado realizar un estudio sobre todas las situaciones que pudieran generar riesgos similares en un momento dado en Segovia. Ya entonces, comentó que, todo indicaba que por el escaso número de locales de ocio nocturno de la ciudad, a priori parecía que no había motivos para sospechar que pudiera haber algún establecimiento que incumpliera las medidas de seguridad anti-incendio. En cualquier caso, aseguró que desde el Ayuntamiento se iba a gestionar con detalle y cuidado este asunto.
Añadió entonces que no había inspectores específicos para controlar estas cuestiones pero sí se vigila que cuentan con las licencias y autorizaciones requeridas que, a su vez, exigen el cumplimiento de medidas de seguridad.
Desde FACUA-Consumidores en Acción instan a los ayuntamientos a que hagan públicos los resultados de estas inspecciones de manera que sean accesibles para el conjunto de la ciudadanía.
Esta organización de consumidores indica que la propia Ley de Transparencia obliga a las administraciones públicas a funcionar de manera abierta y poner en conocimiento de la ciudadanía diferente información sobre su funcionamiento, entre la que se incluye aquella relacionada con sus actuaciones de planificación. Dentro de estas actuaciones se encuentran los planes de inspección, ya sean programados o de oficio ante situaciones puntuales.
Así, la asociación exige que dentro de este marco, los municipios hagan públicos los planes de inspección en los distintos ámbitos, y especialmente en aquellos que tenían relación directa con servicios de uso común y que puedan presentar riesgos: comercio, hostelería, etc. Esta información, además, debería ser detallada, con los datos concretos de los establecimientos que han sido objeto de dichas inspecciones y los resultados que se han obtenido.