El actual gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia y las formaciones que integraron el anterior, de coalición, PSOE e Izquierda Unida, coinciden al diagnosticar un deficiente funcionamiento del departamento municipal de Contratación durante el pasado mandato corporativo. Hasta Ana Peñalosa, que fue concejala de Servicios Sociales y Educación, ha señalado que en algún momento se vivió una situación de colapso que ha motivado la demora de más de dos años en la renovación de contratos tan importantes para la ciudadanía como el de ayuda a domicilio o el de limpieza de edificios municipales, incluyendo colegios e instalaciones deportivas.  

El alcalde, José Mazarías, ha llamado la atención precisamente sobre el hecho de que esos dos contratos estuvieran vencidos no por unos meses sino por varios años, así como el de la Escuela Infantil municipal La Senda y ha anunciado que el nuevo equipo de gobierno «está trabajando en agilizar los procedimientos y sacar adelante todos los contratos caducados».

Los populares consideran que ha faltado voluntad política ya que, al margen de que los procedimientos de licitación pueden alargarse, por garantistas y porque deben ajustarse a la normativa, los contratos son una de las patas más importantes en el funcionamiento  de un ayuntamiento, porque es la forma de hacer realidad proyectos, inversiones y prestar servicios de calidad a los segovianos. «Quienes ejercemos la acción política estamos también para instar a que los equipos técnicos saquen adelante todas las contrataciones y, sobre todo, las que son tan urgentes como el servicio de ayuda a domicilio», afirma la actual concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez.

Muy distinta es la situación que explica la portavoz socialista y exalcaldesa, Clara Martín, quien asegura que ella misma, muchas semanas, se reunía los lunes con personal de Secretaría, Intervención y la jefa de Contratación «para ir priorizando y revisar el estado de ejecución de cada contrato, un seguimiento que hacía yo directamente para dar salida a los  servicios urgentes y a necesidades imperiosas de la ciudad, sobre todo inversiones con fondos europeos que requieren de actuaciones para cumplir los hitos». 

Los grupos municipales que componían el anterior equipo de gobierno, pero también desde la plantilla municipal, detallan que son múltiples las causas que han llevado a un atasco considerable en la gestión de los contratos del Ayuntamiento de Segovia. Por un lado, se ha producido una reducción importante de los funcionarios del departamento, por la marcha de algunos, cuyas plazas quedaron desiertas en el concurso correspondiente y la consiguiente convocatoria de oposiciones que motivó que durante seis meses únicamente dispusiera de una técnico, de los tres inicialmente con el que está dotado el servicio. Después ha habido técnicos que no se han incorporado y ha sido necesario cubrir plazas con interinos.

Martín recuerda inconvenientes y medidas sobrevenidas desde marzo de 2020 por la pandemia de covid. Fue necesario realizar importantes modificaciones para reforzar las prestaciones en contratos millonarios y complejos como los del transporte urbano y recogida de basuras, «con todo el trastorno que supuso eso en el área de Contratación».

Como consecuencia de la pandemia, pero también de la guerra de Ucrania, se produjo una subida importante del coste de materiales de construcción, lo que ha obligado a modificaciones de contratos y ha motivado demoras en algunas obras municipales. 

Además, no es improbable que durante el procedimiento administrativo, antes y durante la licitación de un contrato, surjan inconvenientes. Para renovar los de ayuda a domicilio y limpieza de edificios municipales el anterior equipo consideró conveniente esperar a la negociación de los respectivos convenios colectivos de aplicación «para garantizar tanto el buen funcionamiento del servicio como los derechos laborales, en sectores con plantillas formadas mayoritariamente por mujeres que, en ocasiones, han sufrido situaciones precarias».

«Si se ha podido sacar ahora a licitación la ayuda a domicilio no ha sido porque ha llegado un alcalde  y ha sacado una varita mágica. El principal trabajo estaba hecho», sostiene la portavoz del PSOE.

De forma similar se han pronunciado los dos concejales de IU que hasta el primer semestre tenían competencias de gobierno. Su portavoz, Ángel Galindo, destaca que ha  habido presupuesto para una elevada cantidad de inversiones, por lo que ha sido necesario priorizar, aunque desde la Concejalía de Medio Ambiente, sí consiguió sacar adelante, entre otros, los de mantenimiento de zonas verdes, que considera esenciales. 

No hay que olvidar tampoco que el anterior mandato municipal, entre julio de 2019 y junio de este año, ha sido el primero completo en el que ha sido de aplicación la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que ha motivado una adaptación del consistorio a su articulado.

El contrato de la ORA. El contrato del servicio de vigilancia de las zonas ORA acumula ya diez prórrogas. La última caduca el 24 de noviembre y el alcalde ha informado de una reunión con responsables de la empresa adjudicataria para informarles de su intención de sacar adelante por fin uno nuevo con un «rediseño» de los espacios afectados, que incluya igualmente el servicio de la grúa municipal y, además, tenga en cuenta ya la declaración de la zona de bajas emisiones (ZBE).

El gobierno anterior realizó un estudio previo previo a la modificación de este contrato pero las directrices europeas en relación a la implantación de la ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes, entre ellas Segovia, como tarde este año 2023, y la convocatoria de ayudas con fondos europeos para llevarlo a cabo, retrasó una vez más esta licitación que conlleva una regulación integral de todo el aparcamiento en superficie. 

Martín advierte que dejaron «un contrato muy importante y con la tramitación muy avanzada», precisamente para la implantación y puesta en marcha de la ZBE, que incluye «un sistema de gestión integral del tráfico» pero, de momento, el nuevo gobierno municipal lo que ha hecho es pedir una prórroga para esa declaración hasta el 31 de diciembre del año que viene.

La cifra. Durante el anterior mandato corporativo se iniciaron más de un centenar de licitaciones de los conocidos como contratos mayores – entre ellos sobresalen 46 de obras y 37 de servicios, además de 18 privados, 17 de suministros, 10 patrimoniales y uno de administración especial – y se adjudicaron a lo largo de esos cuatro años 3.258 contratos menores, los de cuantía inferior a 40.000 euros en el caso de obras y de menos de 15.000 euros para suministros y servicios.