La gestión de viviendas sociales se le está atragantando al Ayuntamiento de Segovia. Después de que en agosto del año pasado una sentencia le condenara a pagar 32.185,60 euros por las rentas y suministros impagados y los desperfectos provocados por una usuaria en una de estas casas, el Consistorio segoviano se enfrenta ahora a otras dos demandas al menos por unos hechos similares. «El problema ya no son solo los okupas, sino que te los mete el propio Ayuntamiento con su aval y su garantía», se queja Néstor Fernández, uno de los propietarios demandantes.
Él señala directamente la labor de la concejala de Servicios Sociales desde 2019, Ana Peñalosa. Antes de su llegada al Gobierno municipal, Fernández ya tenía alquilado un piso a Servicios Sociales sin que se hubieran registrado incidencias. Los problemas han llegado con el segundo. «La concejala no ha querido saber nada de lo que nos está pasando durante mucho tiempo y a nosotros no nos ha quedado otro remedio que iniciar un procedimiento de desahucio y de reclamación de cantidad», se lamenta.
El origen del conflicto se sitúa en abril del año pasado. En ese momento, este propietario alcanza un acuerdo con la Concejalía de Servicios Sociales para poner un piso en régimen de alquiler a disposición de una familia. El procedimiento empleado por los servicios municipales resulta extraño. No se refleja por escrito la vinculación con el propietario. Este firma un contrato de alquiler con el inquilino, como si se tratara de una operación en el mercado libre. «Pero nosotros al inquilino le conocemos porque Servicios Sociales se pone en contacto con nosotros. De hecho, no le hacemos un estudio de idoneidad porque quien avala es el Ayuntamiento, el contrato lo redactan ellos y lo firmamos en la Concejalía de Servicios Sociales», relata Fernández.
En estos casos, el Ayuntamiento concede una ayuda para el pago del alquiler a la familia en situación de vulnerabilidad, pero el pago del alquiler al propietario lo ejecutan los servicios municipales. El dinero de la ayuda no pasa por la cuenta de la familia. «Pero no hemos recibido ningún pago. El funcionario dice que han recibido presiones para que no se le dé ayuda a esta familia. Ayer (por este lunes) estuvimos reunidos con la concejala y con la jefa del servicio y nos aseguraron que no sabían nada de este caso y que no saben si el Ayuntamiento va a poder asumir ahora estas cantidades que nos deben, que sobrepasan los 6.000 euros», cuenta Fernández, dolido por lo que considera que ha sido un quebranto de su confianza por parte del Ayuntamiento.
La situación de otro propietario que prefiere que no figure su identidad no es mejor. «Nuestro piso está totalmente destrozado», asegura. «Se han llevado camas, somieres, sillas, mesas, hay ventanas y puertas rotas, las persianas no funcionan ninguna…», añade. Su relación con el Ayuntamiento comenzó en 2011. «Hasta 2016 en el piso estuvo viviendo una familia. Ese año esa familia se fue a otra casa, pero quedó la hija, casada y con dos niños, y en 2021 empezaron a quejarse los vecinos de que había trapicheo. Ante esta situación comunicamos que no queríamos prorrogar el contrato, pero no se quisieron ir y el Ayuntamiento nos dejó de pagar y nos dijo que teníamos que ser nosotros los que iniciáramos un procedimiento de desahucio», expone.
Desde entonces ha mantenido reuniones con la anterior alcaldesa, Clara Luquero, con la actual, Clara Martín, y con los concejales de Urbanismo, Servicios Sociales y de Obras, Jesús García Zamora, Ana Peñalosa y Miguel Merino, respectivamente. «Tengo puesta una demanda, pero extrajudicialmente estamos intentando llegar a un acuerdo. Han hecho una peritación de los daños en la vivienda y es inferior a la que tenemos nosotros. De todas formas, no sabemos en qué va a quedar todo esto con el resultado de las elecciones», reconoce.
Las cantidades que le adeudan superan los 20.000 euros, incluidos miles de euros de recibos impagados de agua, luz y basuras. «En las reuniones que hemos tenido, por ejemplo con Ana Peñalosa, nos han reconocido que tienen un problema con los pisos sociales. Que no tienen y que tienen que tirar de los nuestros. Pero nos reconocieron que ha habido una época en la que no se hacían bien los contratos», remarca.
Preguntada por esta redacción, la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, culpa a la gestión anterior a su llegada. «El programa Realojo del año 2006, que es verdad que tuvo un positivo objetivo, no se ha desarrollado sin embargo como debería ser por la dejadez de los anteriores responsables en esta Concejalía y es lo que ha ocasionado problemas como los que ahora se plantean. Pero no se ha dejado desatendidos a los propietarios. La situación no es jurídicamente fácil, pero estamos intentando modificar diferentes aspectos del reglamento de vivienda. también estamos trabajando en un proyecto de intermediación de vivienda para que los propietarios tengan ciertas garantías a la hora de alquilar su vivienda y hacer un estricto seguimiento de cada usuario beneficiario de estas viviendas», resalta Peñalosa.