La Justicia está metida en un callejón en el que no se vislumbra una salida. Tras más de dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia y centenares de suspensiones de juicios y declaraciones y de aplazamientos de admisiones de demandas y de tramitaciones de escritos, solo tres semanas después de que se desconvocara el resto de funcionarios de Justicia –excepto los jueces y fiscales– han iniciado otra huelga que ha terminado de instalar a este sector en el caos.
Desde este pasado lunes, gestores, tramitadores, auxilios y personal del Registro Civil y del Instituto de Medicina Legal realizaron paros diarios de tres horas (de diez de la mañana a una del mediodía) para solicitar al Ministerio de Justicia mejoras retributivas y cambios en la Ley de Eficiencia Organizativa, en plena tramitación por el Gobierno. En la provincia de Segovia, las movilizaciones tuvieron el miércoles –el tercer día de paros– un seguimiento del 30,25 por ciento, según la Subdelegación del Gobierno. Una cifra que la Junta de Personal eleva por encima del 70 por ciento.
«El Ministerio no contabiliza como participantes en la huelga a quienes estamos haciendo unos servicios mínimos que, además, son abusivos», señala la presidenta de la Junta de Personal, Asunción Velasco, en una queja similar a la que lanzaban hace un mes los letrados de la Administración de Justicia. También se asemejan sus demandas. Solicitan mejoras retributivas, aunque niegan que solo hayan alzado la voz tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio con los antiguos secretarios judiciales. «Ya hicimos una asamblea a mediados de febrero por la Ley de Eficiencia Organizativa y eso no tiene nada que ver con los letrados», remarca Velasco.
«Cuando nosotros nos movemos de destino hay unos criterios objetivos, una antigüedad y unos méritos para cubrir un puesto que se queda vacante. Con la Ley de Eficiencia Organizativa quieren que haya un centro de destino único, movernos como les da la gana, no negociar las relaciones de puestos de trabajo e incluso amortizar plazas de compañeros interinos. Eso ya es motivo de sobra para ir a la huelga», apunta el secretario provincial del sindicato STAJ, Pablo Martín. Sus paros han provocado ya la suspensión de 25 juicios en el Juzgado de lo Social, siete en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, doce (declaraciones incluidas también) en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2... Que se suman a los centenares que no se celebraron por la huelga de los letrados. Y los jueces amenazan con otra. El decano del Colegio de Abogados, Emilio Fuentetaja, ha afirmado que su colectivo está «indignado». «Esto se tiene que intervenir. Las reclamaciones laborales tienen que llevar su cauce, pero no se puede vulnerar el derecho a la tuetela judicial efectiva de los ciudadanos», ha subrayado.