La Junta de Castilla y León da por amortizada la regulación del teletrabajo para sus empleados públicos que sacó adelante en junio de 2022. Un texto que sirvió para renovar un marco legal en el que acomodar una modalidad laboral que la covid-19 puso de golpe sobre la mesa de administraciones públicas y empresas. Aquel Decreto 27/2022, que vio la luz el 23 de junio de 2022, estructuraba por primera vez tras la pandemia la forma en la que se prestaban los servicios en régimen de teletrabajo dentro la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y que llegaba después de las aprobadas en 2011 y 2018. Normativa que tiene los días contados. La Consejería de la Presidencia ya está trabajando en la elaboración de una nueva regulación para sus funcionarios, y, de paso, usar esta forma de trabajo como acicate para ir ocupando los puestos de difícil cobertura en zonas alejadas de las capitales.
El objetivo del Gobierno autonómico en este sentido es claro: derogar el decreto sobre teletrabajo vigente tras reconocer la existencia de «deficiencias» en la normativa actual. Considera así la propia Junta que el texto normativo impulsado hace dos años para establecer los derechos y obligaciones de los empleados públicos que teletrabajan se ha quedado obsoleto y ve «necesario» incorporar mejoras en la tramitación y seguridad jurídica del texto autonómico.
«El fin es solventar las deficiencias que la experiencia acumulada en la aplicación del mismo ha puesto de relieve, especialmente en materia procedimental», señalan desde la propia Consejería en la consulta pública previa del Portal de Participación Ciudadana. El departamento que comanda Luis Miguel González Gago no oculta que «dado que los extremos afectados son numerosos y de gran calado» es inviable una modificación puntual del decreto actual y la solución pasa por tumbarlo para redactar uno nuevo.
Adaptación tecnológica
Por ello la Junta se prepara ya para hacer decaer la normativa vigente y elaborar una cuarta regulación del teletrabajo de sus empleados públicos. «En atención a razones de técnica normativa –fundadas en el principio de seguridad jurídica–, resulta preciso proceder a la elaboración de un texto que dé nueva regulación a la materia y sustituya a la norma anterior». Dentro de la consulta pública, a la que se pueden realizar aportaciones hasta el 6 de abril, Presidencia explica que el objetivo perseguido por este nuevo decreto es «seguir avanzando en la adaptación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León al constante proceso de evolución de las tecnologías de la información y la comunicación».
Además, insiste en la necesidad de que la Junta de Castilla y León pueda configurar «un teletrabajo cada vez más eficiente, tanto en el aspecto procedimental como en el propio desempeño de esta modalidad de prestación de los servicios públicos». El documento publicado por la Consejería de la Presidencia para consulta pública no revela ningún aspecto concreto de ese nuevo Decreto sobre teletrabajo para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
No obstante, si dibuja algunas pinceladas del mismo. Entre ellas está la intención del Gobierno regional de utilizar el teletrabajo como un incentivo para cubrir puestos de trabajo públicos en zonas alejadas de las grandes ciudades. Es por ello que reconoce que el nuevo texto quiere «redefinir algunas cuestiones de especial calado con el fin de favorecer la ocupación de aquellos puestos de trabajo que se revelan como de difícil cobertura como consecuencia de la dispersión geográfica que caracteriza a los municipios de la Comunidad de Castilla y León». Por último, la Consejería considera preciso introducir una «mayor concreción» en los deberes del personal que presta servicios en esta modalidad.
Decreto todavía vigente
Y es que el actual decreto del teletrabajo nació bajo las prisas de la pandemia de la covid-19. De hecho, fue presentado por el entonces consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, en marzo de 2021, bajo el Gobierno de coalición PP-Cs, y aprobado por su sucesor, ya en el Ejecutivo con Vox, Jesús Julio Carnero –ahora alcalde de Valladolid–. Ese texto regulaba la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo de los empleados públicos y ampliaba su duración máxima de uno a dos años. Además reducía de un año a tres meses el período mínimo de desempeño de las funciones en el puesto que se pretende desarrollar en régimen de teletrabajo, y se establecía el certificado de competencias digitales como un nuevo requisito. Esta normativa que va a decaer establecía la imposibilidad de autorizar el teletrabajo a las unidades con atención 24 horas, las jefaturas de servicios y los puestos cuya forma de provisión sea la libre designación con niveles 27 o superiores.