La Consejería de Economía y Hacienda vuelve a la carga y saca de nuevo a licitación el contrato para que los contribuyentes de Castilla y León puedan abonar sus tasas e impuestos autonómicos por bizum, la popular plataforma de pagos por teléfono móvil, así como la renovación de los datáfonos físicos y la TPV virtual. A la segunda va la vencida. Al menos eso esperan desde el departamento que comanda Carlos Fernández Carriedo que, cinco meses después de quedar desierto el primer contrato, publican de nuevo en la Plataforma de Contrataciones del Estado este novedoso modelo para hacer frente al pago de tributos e impuestos que otras comunidades ya tienen en marcha. Algo que ocurre después de que ningún banco o entidad financiera se presentara al primer contrato publicado a principios de abril y la Junta tuviera que declararlo desierto. En aquel momento, desde la Consejería de Economía y Hacienda aseguraron a este periódico que la intención era volver a presentar el texto con alguna modificación que favoreciera el interés de las entidades bancarias en el contrato, con vistas a que estuviera operativo este 2023.
Los retoques a la licitación, que asciende a 606.101,43 durante tres años –6.000 euros más que en el primer contrato–, han sido muy ligeros a tenor de lo expuesto en los pliegos técnicos y administrativos del mismo. La principal variación reside en la fórmula empleada por Economía para sacar el contrato. En esta ocasión, a diferencia de abril, se plantea como tres lotes diferentes –uno para la TPV virtual, otro para los datáfonos físicos, y otro para el bizum–, mientras que el que quedó desierto lo hacía como un único paquete. Un cambio que, según fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, se debe a que de esta forma las entidades bancarias pueden presentar ofertas más centradas y desde departamentos específicos para cada uno de los tres lotes.
El objetivo es facilitar a la ciudadanía el pago de los impuestos y tributos autonómicos como el de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales, o el famoso 'Modelo 046', mediante la plataforma de pagos por móvil bizum. «Esto supone un gran avance y una mejora de los servicios públicos», aseguraba el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, el pasado 27 de abril cuando informó del contrato que el Ejecutivo regional había puesto sobre la mesa para la implantación de este servicio de pago tributario.
Otra de las modificaciones incorporadas en el contrato reside en el coste por el uso anual para la Junta por el uso de los datáfonos cedidos por las entidades para su uso en las delegaciones territoriales, para que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos con su tarjeta física –sean o no de la misma compañía que el adjudicatario–. El coste pasa de esta forma de los 20 euros por año establecidos en abril, a los 30 que marca el nuevo, un 50% más. También se ha incluido el límite de pago de 3.000 euros en el abono de tributos mediante la TPV virtual –usando la página web de la Junta–, que en el anterior contrato solo se establecía para los datáfonos físicos. Por último Economía revisa al alza la estimación de ingresos de autoliquidaciones que se tramitarán por las tres plataformas –digital, física y bizum–, pasando de los treinta millones de euros estimados en el primer contrato a los casi 100 millones que aparecen reflejados en el actual.