La plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste ha respondido a las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre sobre las minas de cuarzo que están en proyecto. Este colectivo considera que, más allá de la contundente oposición ciudadana, estos proyectos afectan también a normativas que protegen el territorio.

Desde la Plataforma indican al presidente que consideran que estos proyectos mineros vulneran la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León y la ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, cuyo objetivo es "garantizar y fomentar la actividad agraria y agroalimentaria como ejes vertebradores de las zonas rurales, tanto en su dimensión económica como en su carácter social, ambiental"  y (…) "conservar y consolidar la biodiversidad, con especial atención a la agrodiversidad, compatibilizando las funciones productivas en el medio rural con su sostenibilidad ambiental." 

De hecho, este apoyo a la agricultura está desarrollado en el artículo 16.1 de esta ley, donde se pone especial énfasis en las zonas rurales calificadas como de agricultura de montaña, como son las del Nordeste de Segovia: "Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el mantenimiento y la mejora de una actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y compatible con un desarrollo sostenibledel medio rural, en particular en las zonas rurales prioritarias o calificadas como de agricultura de montaña (…)".

En opinión de la plataforma, los proyectos mineros diseñados "destruirán la estructura del suelo, degradarían la calidad de los terrenos agrarios y la tranquilidad, medio natural y paisaje que hacen atractiva la zona para el turismo rural sostenible, por lo que se produce una vulneración de normas y objetivos, incompatibles con el proyecto minero por su extensión territorial, duración y características invasivas y de impacto sobre el territorio.

Por otro lado, "de la documentación presentada y la normativa existente no se puede deducir que la actividad minera solicitada se contemple como actividad permitida por los planes básicos de gestión de espacios y de Valores Red Natura 2000 que se localizan en la ZEC 'Riberas del río Duratón', por lo que la actividad minera que pueda tener afección sobre este hábitat protegido constituirían un uso prohibido, aunque se realice fuera de la propia área ZEC. El Acuerdo 15/2015, de 19 de marzo, de la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León.

La Plataforma considera que el proyecto minero vulnera el derecho de los ciudadanos a participar en las políticas del paisaje, y los principios y normas jurídicas en que se sustenta, porque no ha valorado adecuadamente los impactos sobre el paisaje y su repercusión sobre los habitantes y personas visitantes del entorno donde se pretende realizar la intervención minera.  Se vulneran con ello los derechos de la sociedad y los ciudadanos a vivir en un paisaje armónico, no destruido en una amplísima extensión de sus municipios por unas actuaciones que degradan el paisaje agrario y rural, en algunos casos en la inmediata proximidad de los pueblos, caminos, vías pecuarias y ríos.

 "La mejor manera de arruinar irrevocable y definitivamente a toda una comarca, es instalar una mina a cielo abierto en ella, sobre todo si su economía se basa en el turismo, la agricultura y la ganadería extensiva", afirma Marisa Moro, portavoz de la plataforma.

La Plataforma contra la Mina aboga por el respeto a la voluntad y soberanía de los habitantes, alcaldes y administraciones de la zona que han dicho alta y claramente no a la mina, entendiendo que destruiría su futuro no solamente en términos de medioambiente, sino también de trabajo, salud y vida social, sin olvidar el rico patrimonio cultural y arqueológico de Sepúlveda y sus tierras, gran motor de la economía comarcal, siendo Sepúlveda el tercer pueblo que obtuvo la declaración de Conjunto Histórico-Artístico ya en los años 50 del siglo XX.

En sus declaraciones en Cantalejo Mañueco también afirmaba que "cuando hay una cuestión de esta naturaleza hay que valorar todas las implicaciones que existen, ya que por un lado tiene que haber oportunidades de empleo y futuro y por otro, hay que tener en cuenta el respeto a las normas medioambientales".

La Plataforma contra la Mina a Cielo Abierto en el Nordeste Segoviano entiende que la mina contravendría todo sentido común, dado que destruiría más puestos de trabajo de los que crearía y que serían además básicamente temporales y de poca calidad (en el proyecto presentado a información pública están detallados seis puestos de trabajo). Sin embargo, se llevaría la riqueza de la zona a favor de unos intereses extranjeros sin aportar beneficio alguno (la empresa Erimsa pertenece a la noruega Elkem, a su vez con capital mayoritario de la estatal china National Bluestar).

"En contra traería riesgos de salud (el polvo de cuarzo es altamente cancerígeno), fomentaría el cambio climático (la extracción y el cribado de los suelos libera carbono orgánico que se traduce en emisiones de CO2 a la atmósfera), anularía la rica biodiversidad de flora y fauna de la zona (erosión, infertilidad de los suelos, deterioro de los ciclos de agua, pérdida de hábitats con numerosos especies vulnerables y en peligro, grave afección a Áreas de Red Natura 2000), destruiría los paisajes y el atractivo turístico y daría la estocada a la agricultura y ganadería tradicional practicada en la zona, con el consiguiente abandono de los pueblos y el empobrecimiento de toda la comarca", añade la plataforma.