Con fecha del pasado 2 de mayo sacaba a concurso la Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la adjudicación de las obras de urbanización de los terrenos que acogerán la ampliación del hospital y la futura Escuela de Enfermería de Segovia. El plazo para la presentación de ofertas expiraba en principio el 29 de mayo, pero lo que llegó en esa fecha (el día después de las elecciones municipales) fue la publicación del anuncio de anulación de los pliegos de condiciones que regían la licitación, después de que once días antes, el 18, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) ya comunicara la estimación de la suspensión cautelar del proceso solicitada por la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que considera demasiado exigente la clasificación requerida a las empresas para poder aspirar a hacerse con dicho contrato.
El Tarccyl atiende cada año unos 200 recursos de contratación pública en Castilla y León, ya sea por discrepancias técnicas relacionadas con adjudicaciones de obras o servicios, contra los propios pliegos (como en este caso) o por exclusiones y no exclusiones de licitadores. En 2022, concretamente, registró la presentación de 194 recursos y resolvió 208, incluyendo algunos que se le notificaron a finales de 2021.
La concesión de la cautelar entra dentro de la rutina habitual de este órgano adscrito al Consejo Consultivo de Castilla y León, que así se asegura cierto margen de tiempo para analizar el fondo de cada asunto sin exponerse a causar un hipotético perjuicio tanto a la parte recurrente como a las empresas que pudieran presentarse al concurso; un mal menor, podría resumirse. Claro que el tiempo medio de resolución de recursos por parte del Tarccyl alcanzaba el año pasado los 28 días hábiles (unas seis semanas naturales), y en torno a tal plazo estaría la demora mínima de este proceso, suponiendo que desestime el recurso y permita su reanudación en el punto donde se ha quedado, con al menos once días naturales por delante para que las empresas presenten ofertas.
Bien puede valer como ejemplo el caso de la contratación del servicio de transporte de ambulancias de Castilla y León en 2022: salió a concurso el 30 de junio, se presentó un recurso (entonces CGT) el 21 de julio, y hasta el 21 de septiembre no hubo resolución del Tarccyl, que fue desestimatoria y permitió seguir adelante, pero tras una paralización de ocho semanas.
No obstante, si al final aceptase los fundamentos esgrimidos por la Cámara de Contratistas, lo habitual sería que ordenase la retroacción del proceso hasta su inicio, instando a Somacyl a volver a sacar el contrato a licitación con unas condiciones acordes a la interpretación del marco legal que indicara el tribunal, de tal modo que a la demora mínima de dos meses (redondeando) se sumarían otras dos semanas extra de plazo de recepción de ofertas y el tiempo que llevara rectificar los pliegos, aprobarlos y publicarlos.
EL PROYECTO. El contrato de obras sometido a juicio del Tarccyl consiste en la construcción de los nuevos viales e infraestructuras de urbanización precisas para poder ampliar el hospital y construir la Escuela de Enfermería en parcelas contiguas al Complejo Asistencial actual. Incluye los trabajos de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, gas y telefonía, además de la pavimentación de calles, aceras y glorietas; así como la implantación de una red de calor sostenible, con biomasa, que permitirá abastecer a los nuevos edificios de carácter sanitario y educativo y también a los antiguos, con posibilidad de extenderla a otros inmuebles públicos e incluso privados del entorno. El presupuesto global por el que salió a licitación asciende a 4.284.695,11 euros (impuestos incluidos) y el plazo inicial de ejecución, doce meses a contar desde el día de la firma definitiva del contrato de adjudicación.
Antes de que se presentara este recurso, el entonces delegado territorial de la Junta, José Mazarías, esperaba que las obras pudieran arrancar en verano, mientras que ahora los trámites previos podrían demorarse al menos hasta otoño.
En paralelo, la Junta trabaja en la elaboración del llamado "plan funcional" del Complejo Asistencial segoviano, donde debe definirse el reparto de espacios, con una inversión de 40 millones en el hospital (32 para edificación y 8 millones para equipamiento), además de otros ocho en la Escuela de Enfermería.
La urgencia es relativa, dado que la ejecución del proyecto de urbanización se puede ir llevando a cabo sin tener que esperar a la aprobación del plan funcional, pero éste sí es imprescindible para proceder después a la licitación del proyecto básico de ampliación, tras el cual también debe elaborarse el definitivo de ejecución de las obras. Y el objetivo, tener listo este último proyecto para que pueda abordarse la construcción de las instalaciones en cuanto cuando concluya la urbanización, ahora a expensas del recurso de la Cámara de Contratistas para resolver la adjudicación.