Cada día que pasa sin que desencalle la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia es una piedra más en la mochila con la que carga la Justicia, históricamente lenta y en algunas épocas colapsada. Ahora se encuentra paralizada. O casi porque los servicios mínimos obligan a los letrados de la Administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales– a atender los asuntos de violencia de género, los derivados de las guardias, las causas con preso o los procedimientos de medidas con menores implicados. Pero son tres semanas de paros cuyos efectos ya alcanzan a 2024. 

Según fuentes judiciales, el Juzgado de lo Social de Segovia ya ha comenzado a aplazar juicios a 2024 como consecuencia de la imposibilidad actual de celebrarlos. Hasta el viernes 3 de febrero se habían suspendido 183 juicios en nuestra provincia entre las jurisdicciones civil, penal, social y contencioso-administrativa. Una cifra a la que hay que sumar 142 declaraciones y actuaciones, más de 200 actuaciones del Registro Civil, 300 demandas que están sin admitir y 950 escritos de abogados y procuradores que están metidos en los cajones...

Y los pagos de pensiones alimenticias en casos de divorcios. «Nosotros somos los únicos que podemos manejar la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, y afecta no solo a las pensiones alimenticias sino a cualquier persona que ha ganado un juicio y tiene derecho a una indemnización, las costas a los abogados y procuradores... Es un perjuicio brutal», subraya la portavoz de los letrados de la Administración de Justicia en Segovia, Montserrat Isabel Cabrera, que no ve avances en la resolución del conflicto: «Seguimos en la misma línea. El Ministerio [de Justicia] no se ha puesto en contacto en ningún momento con el Comité de Huelga. El miércoles tiene una reunión con los secretarios de gobierno pero estos son nuestros superiores jerárquicos y, además, son designados por el Ministerio. Estamos esperando a que llamen al Comité de Huelga. La ministra de Justicia tiene la obligación de hacerlo conforme a la normativa de huelga».

El seguimiento de la huelga es del cien por cien tras el regreso de sus vacaciones de la letrada de la Administración de Justicia de Santa María la Real de Nieva, sustituida durante unos días por una profesional que no se sumó a los paros. «Solamente con una semana de huelga el colapso es muy importante porque no es solamente lo que se suspende y no se tramita, sino que lo que se suspende se tiene que recolocar y las  agendas de los juzgados ya están muy llenas. Entonces estamos hablando de que si tú pones una demanda a día de hoy y yo te la voy a señalar como pronto a dos o tres meses, lo que te he suspendido por la huelga lo voy a tener que recolocar en otros tres meses. Todo se va a dilatar muchísimo. Eso en una semana y ya llevamos tres. Es una barbaridad de juicios y actuaciones las que se han  suspendido, y nosotros no queremos perjudicar a los ciudadanos porque somos servidores públicos, pero queremos que se cumplan los acuerdos a los que llegamos en abril. De manera tangible porque ya no nos vale lo que se hizo la otra vez», remarca Cabrera.

Todavía hay algunas opciones de salvar los muebles. «Si esto parara ya, en los juzgados mixtos sí que podríamos encajar probablemente este año los juicios que se están suspendiendo», apunta la portavoz de los letrados de la Administración de Justicia en Segovia. Y de paso desatascarían esos pagos de pensiones alimenticias, indemnizaciones o costas, por los que los juzgados de Segovia realizan una media de un centenar de mandamientos de devolución o transferencias a la semana.