El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer su intención de pedir una convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes «ante la situación actual», derivada de los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, prevista para la próxima semana. «La igualdad de los españoles está en juego. Y desde Castilla y León no nos quedaremos con los brazos cruzados», argumentó el presidente de la Comunidad en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). Con ello se sumó a la petición que habían hecho otros dirigentes autonómicos del Partido Popular, como las presidentas de Cantabria y Baleares, María José Sáenz de Buruaga y Marga Prohens, así como el murciano Fernando López Miras o el andaluz Juan Manuel Moreno Bonillo, que envió una carta a Sánchez.
Esta iniciativa fue comunicada pocas horas después de que la Junta de Castilla y León rechazara la propuesta del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de organizar una protesta institucional en la calle. Fuentes del Gobierno autonómico señalaron a la Agencia Ical que no se convocará manifestación alguna contra los acuerdos del PSOE y reafirmaron que la «acción institucional» del Ejecutivo autonómico ya fue acordada en el Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 4 de noviembre y se fundamentaba en la impugnación de los acuerdos ante los tribunales de Justicia, especialmente en el Supremo, y en el Tribunal Constitucional.
La Junta entiende que la convocatoria de manifestaciones contrarias a la amnistía y a los acuerdos económicos y financieros que permitirán la investidura de Sánchez corresponde «a los partidos políticos, las organizaciones sociales o la sociedad civil a través de sus cauces representativos», mientras que la asistencia o no a ellas es «derecho individual de cada persona», según indicaron las mismas fuentes.
El propio presidente acudirá, como líder del PP de Castilla y León, a la concentración de mañana domingo en Salamanca, convocada por el Partido Popular en todas las capitales de España.
Sin embargo, enfatizan que la «acción institucional» de la Junta ya se acordó en un Consejo de Gobierno extraordinario, «un órgano colegiado y en el que se toman acuerdos que vinculan a todo el Ejecutivo». Esta «hoja de ruta» se basa fundamentalmente en el amparo de los tribunales a través de recursos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional por lo que no se contempla ninguna actuación de protesta en la calle tal como planteaba García-Gallardo.
Así, según la citada «hoja de ruta acordada por todos los miembros del Consejo de Gobierno», según dijeron a Ical las mismas fuentes, se recurrirá en primer lugar la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, mientras que las medidas como la condonación de la deuda se intentarán revertir a través de un recurso de inconstitucionalidad o un contencioso administrativo.
García-Gallardo propuso ayer convocar una protesta institucional ante las consecuencias del pacto para «la separación de poderes, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la unidad nacional».
«En este momento histórico de extrema gravedad, los partidos han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización ciudadana desde las instituciones», afirmó el vicepresidente en nota difundida desde su departamento. La convocatoria por parte de los gobiernos en los que está Vox de una manifestación es uno de los acuerdos que salió de la reunión entre el presidente del partido, Santiago Abascal, y los vicepresidentes de Castilla y León, Aragón, Valencia y Murcia.
Ante estas y otras reacciones, la delegada del Gobierno en Castilla y León considera que «lo que corresponde es respeto». Virginia Barcones condenó «la falta de civismo» de quienes pintaron insultos en las fachadas en de las sedes socialistas y dijo que muchos dirigentes políticos «están demostrando no estar a la altura ni de su cargo ni de las instituciones a las que representan».