A través de una nota de prensa remitida a los medios por el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el mencionado tribunal acordó ayer posponer al 9 de noviembre el desahucio tras poner en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento la situación de los dos menores que vivían en el inmueble ocupado por sus progenitores. Tras la comparecencia de ayer y tras el nombramiento de un nuevo abogado, estos se habrían comprometido -según el mismo comunicado- a desalojar la vivienda antes de esa fecha y a asistir a la nueva cita con los Servicios Sociales, "ya que no acudieron a la concertada el pasado 30 de septiembre".

El juzgado explica que la orden de ejecución que estaba previsto ejecutar ayer es la consecuencia de una sentencia del año 2018 dictada por este mismo tribunal en la que ordenaba el desalojo de los ocupantes de la vivienda "porque no tenían ningún título de propiedad ni pagaban ninguna renta al legítimo propietario".

"En ese procedimiento judicial", continúa la nota de prensa, "los demandados estuvieron representados por un abogado y un procurador de oficio que defendieron sus intereses". "Desde que se dictó sentencia y se acordó el lanzamiento, en diciembre de 2018, han sido requeridos en reiteradas ocasiones por el órgano judicial para que abandonaran la vivienda. Las comunicaciones han sido por correo certificado. También han sido informados telefónicamente. En 2018, además se comunicó el desahucio a los Servicios Sociales y se les daba cuenta de la situación", añade, al tiempo que aclara que "el juez que dictó la sentencia no interviene en la ejecución de la misma, que es competencia del Letrado de la Administración de Justicia y de la Oficina Judicial". "Por tanto, el juez no acordó ayer ninguna suspensión ni prórroga del desahucio", concluye.