El Servicio Regional de Salud derivó a un total de 72 mujeres a centros hospitalarios de otras comunidades para abortar en 2022, algo que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminó este lunes que «vulnera los derechos fundamentales de la mujer». Preguntado por esta resolución del Constitucional, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, pidió esperar a conocer «los detalles» de esta resolución de la Sala Primera, que ha concedido por unanimidad el amparo a una mujer por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, ha vulnerado el derecho de configuración legal de la mujer a la interrupción del embarazo.

El titular de Sanidad subrayó, no obstante, que desde el gobierno autonómico se está trabajando en garantizar la prestación de este derecho a las mujeres en la Comunidad, donde el aborto se practica únicamente en los centros públicos de Miranda de Ebro (Burgos) y Burgos capital; mientras que en el resto de provincias hay acuerdos con clínicas privadas, incluso de fuera de la Comunidad. «En Castilla y León estamos trabajando todos» por mantener el derecho a la prestación de la Interrumpción Voluntaria del Embarazo, afirmó Vázquez, que aseguró que «todas las comunidades» tienen dificultades, ya que la Ley Orgánica, aprobada este año y que entró en vigor en marzo, establece que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que debe crear las condiciones para que loas autonomías puedan abrir su registro de profesionales y organizarse para garantizar la prestación, algo aún pendiente.

En este sentido, Vázquez no ocultó que tienen «dificultades» para garantizar que este derecho al aborto se realice de forma íntegra en la Comunidad porque la propia ley establece el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos, cuyas condiciones deben establecerse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, algo que, insistió, no se ha hecho aún, según informa Efe.