Soy titular de varias cuentas corrientes en cuatro bancos diferentes. Como tengo poco dinero, no les doy excesivo trabajo y, para compensar, tampoco mis magros depósitos les alcanzan para lanzar una opa, más allá de un puesto callejero o de un bar de barriada.
Lo que me molesta es que, mientras cuando voy a comprar unos zapatos o a contratar un servicio, el comerciante pone claramente lo que me van a costar los zapatos, y la empresa de transporte ya me ha advertido de lo que me va a costar el desplazamiento por la ciudad, el banco no me avisa de nada.
Los bancos españoles deben pensar que sus clientes son adivinos o que poseen poderes proféticos, que les permiten saber si les van a cobrar comisiones, si les van a remunerar algo del dinero en depósito, o cuánto hay que pagar por usar una tarjeta de crédito.
Como yo soy un modesto mortal, que no posee poderes adivinatorios, ni proféticos, me quedo realmente sorprendido, cuando me dicen que puedo utilizar la banca digital, desde mi ordenador, pero son tan discretos que no me dicen que eso me costará 40 euros mensuales, porque están convencidos que tengo poderes súper humanos.
Ayer, me enteré de que una modesta cuenta, que tiene tres movimientos mensuales, me cuesta 30 euros de mantenimiento. O sea, tengo una cuenta en la que me hacen un ingreso digital, hago dos pagos, siempre los mismos, ordenados digitalmente, y cada movimiento me sale a 10 euros, 30 euros al mes. Eso sí, tienen la enorme gentileza de cobrar lo mismo en julio -31 días- que en febrero -28 o 29-.
De estos cuatro bancos, el único que observo que se comporta con mesura, y que no me apunta cargos, ni en la tarjeta, ni en las cuentas, es Ibercaja. De los demás, por ahora, me callo, pero en los próximos días, en los medios que en los que todavía me dejan hablar y escribir, voy a dar nombres y apellidos, y detalles de estos atracos legales, porque son atracos, pero reconozco que son legales. Y como la opinión todavía es libre en este país, me parecen atracos groseros, en los que se trata al cliente como a un detenido sospechoso en una dictadura: sin derecho ni a defensa ni a información.