Cuatro días después de que se anunciase la aprobación de un protocolo de medidas «provida» en Castilla y León, sigue sin estar claro el alcance del mismo, su ámbito de aplicación o las consecuencias prácticas que tendrán en la atención a las mujeres embarazadas de la Comunidad. Este lunes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desautorizó a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, al volver a contradecirle públicamente sobre el principal punto de fricción entre PP y Vox sobre las medidas, las cuales no entraron en vigor ayer tal y como se anunció inicialmente. El primero ratificó por tercera vez en tres días que el protocolo «no obligará» a los profesionales sanitarios a ofrecer la escucha del latido fetal o la ecografía 4D a las embarazadas que quieran abortar, mientras que su número dos mantuvo el pulso y reiteró que «estarán obligados», aunque García-Gallardo descartó que se tratase de una «desacreditación» o «corrección».
Una contradicción en la que los responsables autonómicos de PP y Vox volvieron a caer, y devolvieron la polémica a los cuarteles generales de ambas formaciones. Génova trata de despejar el balón acusando a los de Abascal de ser un «chollo» para el Gobierno con su «guerra interesada», al tiempo que desde la sede de la Calle Bambú redoblan la apuesta y confirman que estas medidas es «lo que hará cualquier representante de Vox en cualquier institución» en la que tengan «capacidad de influir».
En lo que sí coincidieron Fernández Mañueco y García-Gallardo fue en su ataque contra el Gobierno central por «usar a las mujeres para sacar rédito electoral» y «tapar su inoperancia», después del requerimiento enviado, del que Mañueco aseguró que «todavía no se ha recibido» en la Junta, aunque fuentes del Gobierno confirmaron a la Agencia Ical que fue remitido este domingo a las 18.50 horas a través del programa GEISER.
La polémica que el Ejecutivo regional arrastra ya desde el pasado jueves obligó a que el presidente autonómico realizase una declaración institucional, escoltado por el consejero de Sanidad, para intentar zanjar el tema por segunda vez, después de darlo por cerrado con sus palabras del pasado sábado en Zaragoza en un acto del Partido Popular. «No se obligará a nada ni a los médicos, ni a las mujeres embarazadas», verbalizó Fernández Mañueco desde la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, donde admitió que «alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y por tanto la Junta de Castilla y León, ni las va a promover, ni las va a amparar».
«En ningún caso se actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo», prosiguió Fernández Mañueco, que apuntó que «la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León». Volvió a asentar las bases de actuación en que las mujeres podrán «libremente» solicitar los recursos sanitarios y los facultativos los facilitarán «según su criterio clínico». «Desde la Junta siempre garantizaremos sus derechos».
Vox insiste en su versión
Una realidad que horas antes había dibujado de forma muy distinta el vicepresidente regional, que se reafirmó en la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de informar a las mujeres embarazadas sobre los nuevos protocolos. De hecho, preguntado por si a partir de ahora el médico estará obligado a ofrecer una ecografía 4D o escuchar el latido a una mujer que acuden con la intención de abortar, García-Gallardo respondió taxativamente «sí», porque para los facultativos es «imperativo».
«Nadie le va tirar a una madre embarazada la información a la cara, si no que se les dirá que esa información está disponible para ella y que la sanidad pública de Castilla y León tiene las condiciones para poder ofrecérsela», precisó, pero volvió a aseverar que «si no es de obligado cumplimiento, no sirven para nada». «En ningún caso, supone una coacción», valoró García-Gallardo, que negó sentirse desautorizado por el presidente.
Papel del Gobierno central
Superada la parte 'sanitaria', en lo que ambos coincidieron durante sus intervenciones fue en sus ataques al Gobierno central después del requerimiento enviado desde La Moncloa este domingo instando al Ejecutivo regional a paralizar cualquier medida que contravenga los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo. «No albergo ninguna duda de que su único propósito es sacar rédito político y en consecuencia nos parece lamentable», resumió Fernández Mañueco, que sostuvo que «no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose sobre la materia». El presidente expresó su «sorpresa» con el «ejercicio de soberbia» del Gobierno por no rectificar pese a la «alarma social» y la «profunda injusticia» que supone no tendrán respuesta «con más de lo mismo» en Castilla y León, y volvió a acusar a Moncloa de utilizar esta polémica como cortina de humo «sabiendo las consecuencias de la ley del 'sólo sí es sí'».
En la misma línea, el vicepresidente tachó de «sobreactuación» del Gobierno central el requerimiento y coincidió con Fernández Mañueco en que busca tapar los «verdaderos» problemas que tiene el país. «La ley del 'sólo sí es sí' ha demostrado la ineptitud para proteger a las mujeres».
Comparecencia
Mientras, desde el Partido Socialista regional siguen arremetiendo contra ambos socios de Gobierno, y este lunes reclamaron que el presidente de la Junta explique en un pleno extraordinario de las Cortes el protocolo de medidas antiaborto, al tiempo que avanzaron que estudiará posibles acciones legales ante el posible incumplimiento de leyes orgánicas. «La Junta se ha declarado en rebeldía», sostuvieron desde la cúpula regional del partido, cuyo líder, Luis Tudanca, calificó de «irresponsables» a Fernández Mañueco y García-Gallardo, respectivamente, por la polémica generada por las medidas.