El Ministerio de Justicia contaba con invertir hasta 13,3 millones en la construcción de la primera fase del nuevo edificio de juzgados de Segovia, Corsán-Corviam (del grupo Isolux-Corsán) se ofreció en 2015 a hacerlo por 11,9 y hoy, cuatro años después, tras la doble quiebra de esa firma en 2017 y de su subcontrata principal en 2018, Uncisa, las cuentas ya apuntan hacia los 14,5 millones, IVA incluido; más o menos lo mismo que otro edificio salpicado por los imprevistos como el del CAT, que también supera los 14. Corsán-Corviam se comprometió además a terminar toda la edificación en un plazo de 55 meses, pero no arrancó hasta el verano de 2016 y no ha llegado a ejecutar ni un 15% del presupuesto.
Las obras en la parcela situada entre el Hotel Cándido y el Parque de Bomberos han estado más tiempo paradas que en marcha durante este periodo, no hay movimiento desde el verano de 2018 y así tendrán que seguir como mínimo hasta los primeros meses de 2020. Para entonces se espera firmar un nuevo contrato con la empresa que obtenga la readjudicación de un proyecto que, además, ya no podrá terminarse al menos hasta finales de 2021 o principios de 2022. Un año o un año y medio más tarde de la fecha que aún refleja el cartel situado a pie de obra (octubre de 2020), y eso en el mejor de los casos, ya que el Ministerio pretende un plazo de ejecución de todo lo que queda pendiente que exige un ritmo de trabajo muy superior al que preveía cuando adjudicó este proyecto por primera vez. Inicialmente aceptó 55 meses y ahora, sin embargo, espera que lo que falta se haga en sólo 20.
De momento, el proyecto denominado ‘Obras de continuación del nuevo edificio de juzgados de Segovia (1ª fase)’ está en proceso de licitación desde hace unos días. Las empresas interesadas en hacerse con este contrato tienen hasta el 19 de noviembre para presentar sus ofertas y el presupuesto base se ha fijado en 12.837.176,95 euros, cantidad a la que habría que añadir lo que ya facturó Corsán-Corviam de forma directa o indirecta por los trabajos ya realizados. La resolución definitiva de su contrato se produjo el 29 de mayo de 2019 y hasta esa fecha se registraron 32 certificaciones por un importe de 1.685.328,80 euros, de ahí la suma de una previsión de coste de 14.522.505,75.
Cierto es que aún puede darse el caso de que alguna de las empresas que concurran en el concurso se ofrezca a ejecutar estos trabajos por menos dinero, pero también Corsán-Corviam planteó una rebaja del 11% que va a terminar saliendo cara (+21% de momento). Más aún teniendo en cuenta que los imprevistos son habituales cuando una obra debe cambiar de manos tras un largo parón que suele deteriorar parte de lo ya construido, un extremo que, obviamente, a estas alturas todavía no se puede calcular con precisión.
De recalcular el presupuesto se ha encargado la dirección facultativa del proyecto (UTE Fuster Gira), que ha aplicado para ello «un aumento lineal aproximado de todos los precios» de un 9,95%, como consecuencia de la evolución del índice de costes del sector de la construcción no residencial registrado entre finales de 2015 (fecha de primera licitación) y abril de 2019, según datos del Ministerio de Fomento.
Asimismo, a cada capítulo del presupuesto ya iniciado se le ha añadido un alza del 1% sobre el importe que resta por ejecutar en concepto de «afección por obra ejecutada: restitución de medios, comprobación de conexiones» y por «limpieza y revisión de lo ejecutado».
Ya en un informe de inspección de ejecución realizado en agosto de 2018 para revisar la estructura, ante el segundo parón serio de las obras, se indicaba que, «una vez se reanuden los trabajos a ritmo normal» tocará hacer un nuevo repaso. Por ejemplo, «de las armaduras expuestas a la intemperie para comprobar su grado de oxidación», y «lo mismo ocurre con todas las esperas de escaleras, muros y pilates».
El retraso que acumula la construcción del nuevo edificio de los juzgados es además tan evidente como inevitable a estas alturas, a pesar de que no se empezó a reconocer de manera oficial hasta tiempo después de que Isolux Corsán anunciara en julio de 2017 la aprobación de su solicitud de entrada en concurso de acreedores.
No en vano, en realidad esa demora va mucho más allá de la propia construcción del edificio, dado el denso calendario administrativo que viene soportando, hasta el punto de que la convocatoria del concurso público para la redacción del proyecto y la dirección de obra se remonta a marzo de 2010.
Tuvieron que pasar más de cinco años y medio, hasta noviembre de 2015, para que el Ministerio aprobara de manera provisional la adjudicación de las obras a Corsán-Corviam, y la firma del contrato no se produjo hasta marzo de 2016. El Ayuntamiento de Segovia aprovechó tal retraso para sugerir que se le permitiera volver a usar esa parcela como recinto ferial en las fiestas de San Juan y San Pedro, tal y como venía haciendo en años anteriores, y al final los trabajos sobre el terreno no empezaron hasta el verano de aquel año. Arrancó Corsán-Corviam con las demoliciones y trabajos previos, así como con los clásicos movimientos de tierras, pero, a principios de 2017, la falta de movimientos ya empezó a resultar sospechosa.
El problema de la meteorología parecía una hipótesis razonable, pero la obra siguió parada toda la primavera, mientras a nivel político se deslizaban posibles consecuencias por la demora en la aprobación de los presupuestos generales de 2017. Y lo que llegó fue, en julio, el citado anuncio de concurso de acreedores de Isolux debido a los graves problemas económicos que venía sacudiendo este imperio empresarial que presentó un agujero de 801,9 millones de euros.
El caso lo llevaba directamente el Ministerio de Justicia y la subdelegada del Gobierno de entonces, Pilar Sanz, aseguró que desconocía la gravedad de la situación. «Hace tres semanas me dijeron (desde el Ministerio) que había habido problemas por su preconcurso de acreedores, pero que al final esos problemas se habían resuelto para que los trabajos se pudieran reanudar a lo largo de este verano», señalaba en esas fechas a El Día. Esa aparente «resolución» provenía de la presentación de un nuevo plan de obras por parte de Isolux para intentar ir recuperando tiempo, después de haber negociado por ello con el Ministerio.
Habían pasado apenas dos semanas desde el anuncio del concurso de acreedores cuando el PP (entonces al frente del Gobierno) emitía un comunicado desde su sede de Segovia: «Los senadores del Partido Popular, Paloma Sanz, Juan Ramón Represa y Juan Carlos Álvarez aseguran, sin albergar duda alguna, que los plazos e inversiones previstos para la construcción del Nuevo Edificio de Justicia en Segovia (Palacio de Justicia), se cumplirán dentro del programa establecido en el contrato de adjudicación de obra», comenzaba aquel comunicado. «Los parlamentarios mantienen continuo contacto con el Ministerio de Justicia para el seguimiento de la evolución de la ejecución del proyecto y quieren transmitir a todos los segovianos la tranquilidad de que el mismo se verá hecho realidad a finales del año 2020», un objetivo que se ha revelado completamente inviable. De hecho, Incisa Construcciones reanudó los trabajos en torno a septiembre de 2017, pero también entró en concurso de acreedores y terminó parando hacia el final del verano de 2018.
Desde entonces ya no ha vuelto a haber avances, sólo la formalización de la resolución del contrato con Corsán-Corviam en primavera; y ahora toca esperar a que se complete el proceso de adjudicación del contrato de continuación de las obras con el citado plazo de ejecución de 20 meses y un presupuesto base de 12,8 millones, mientras Segovia sigue quitando hojas al calendario para poner fin a la tantas veces denunciada dispersión de órganos judiciales por media ciudad.
Ya en el texto introductorio del concurso para la redacción de este proyecto, en 2010, se recogía que «el Palacio de Justicia hace años que está al límite de sus posibilidades a pesar de las múltiples obras de adaptación llevadas a cabo con anterioridad». «Por este motivo, se han ido alquilando oficinas en otros lugares distantes entre sí que dificultan la relación entre órganos judiciales y en consecuencia la labor de profesionales e interesados», se añadía. Y los problemas han seguido aumentando, mientras este otoño e invierno se avecinan más reformas en la vieja sede de la calle San Agustín, ahora principalmente para hacer hueco al juzgado de lo penal, utilizando la residencia del fiscal jefe y parte de la del presidente de la Audiencia Provincial.
El futuro edificio judicial, en cambio, concentrará la decena de juzgados que hay y dispondrá de espacio para otros nuevos si hace falta, así como para la Fiscalía, el Registro Civil o la Administración Judicial. La Audiencia Provincial y el Instituto de Medicina Legal deberán esperar a una segunda fase que ocupará parte de la zona de aparcamiento que ahora se proyecta pero, de momento, toca adjudicar la reanudación y finalización de la primera.