Castilla y León cerró España. O al menos, la conformación territorial que emana de los Pactos Autonómicos firmados el 31 julio de 1981 por Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González para dibujar un Estado con 17 autonomías y dos ciudades autónomas. Nuestro fue el último Estatuto en ser aprobado, haciendo honor a la 'vía lenta' que marcaba el artículo 143 de la Constitución para alcanzar una Carta Magna autonómica. La Comunidad que desciende indeleblemente de dos de los reinos históricos de España no aparecía en los mapas topográficos ni en los papeles. Una realidad que obligó a los costureros democráticos a hilar fino para tejer los puntales de lo que hoy conocemos como Castilla y León, con los localismos y la indefinición territorial apretando por los flancos durante todo el proceso preautonómico. Cuarenta y un años han pasado desde que el 22 de febrero de 1983, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la Carta Magna autonómica con 199 votos a favor, 6 en contra y 98 abstenciones. La Ley Orgánica 4/1983, del 25 de febrero, publicada en el BOE el 2 de marzo, quitaba los ruedines a la bicicleta democrática de Castilla y León, y se convertía en la clave de bóveda competencial para poner negro sobre blanco qué podía y qué no podía hacer el recién nacido Gobierno regional.

Castilla y León dejaba atrás un periodo preautonómico donde la implosión de la UCD y la irrupción del 'felipismo' obligaron a rediseñar el primer proyecto estatutario suscrito el 27 de junio de 1981 para la Comunidad, adaptándolo al ideario socialista y su recién estrenada mayoría en el Congreso de los Diputados. 41 años y tres reformas después, el Estatuto de Autonomía se parece muy poco al que sancionaron aquellas incipientes Cortes Generales. Tres modificaciones que han servido para tallar un autogobierno alejado del ruido nacionalista, fortalecer las herramientas democráticas y dotar de competencias necesarias a un Estatuto que germinó en medio de traiciones territoriales, disputas de salón y tres recursos de inconstitucionalidad contra el diseño de una Castilla y León todavía en pañales.

La embestida judicial llegó desde dentro de la propia Comunidad: Segovia y León se revolvieron contra su inclusión en la nueva autonomía con sendos recursos al Constitucional, al que se sumó otro del País Vasco contra la adhesión del Condado de Treviño a Castilla y León. Todos ellos fueron tumbados por el Constitucional entre 1984 y 1986. La propia Segovia, encabezada por los centristas Carlos Gila, Emilio Zamarriego, Rafael de las Heras y Modesto Fraile, llegó incluso a salirse del proceso autonómico en 1981, aunque fue incluida en Castilla y León con calzador cuatro días después de aprobarse el Estatuto bajo la aplicación de la Ley Orgánica 5/1983 y el apéndice 'c' del artículo 144 de la Constitución.

El presidente de la Junta entre 1983 y 1986, Demetrio Madrid (cuarto por la izquierda), junto a los consejeros de su equipo de Gobierno en una sesión plenaria en el conocido como salón Rojo, primer salón de Plenos del Castillo de Fuensaldaña.

Un tortuoso camino para forjar el autogobierno regional y alcanzar las más altas cotas competenciales que explican a este periódico cuatro personajes clave en la historia democrática de la Comunidad y un experto en Derecho Constitucional. Cinco protagonistas para poner voz, en primera persona, a la construcción del Estado del Bienestar en Castilla y León, detallar los entresijos de las tres reformas estatutarias y alumbrar los resortes que transformaron los 94.226 kilómetros cuadrados de nueve provincias en un todo bajo la bandera del castillo y el león. «Estábamos poniendo en marcha esta Comunidad», recuerda el socialista Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta entre 1983 y 1986, que explica que «la mayor parte de las competencias llegaron con la aprobación del Estatuto».

Primeras competencias

La Constitución trazó dos vías para acceder a la autonomía: la 'rápida' que fijaba el artículo 151, pensada para Cataluña, País Vasco y Galicia por su condición de «regiones históricas» que habían plebiscitado su Estatuto en la Segunda República; y la 'vía lenta' del artículo 143 para el resto, en la que se incluyó Castilla y León, que marcaba un espacio de cinco años para poder asumir nuevas competencias aprobarse el Estatuto. «Las negociaciones con el Gobierno fueron muy duras», rememora Madrid, encargado de «luchar» desde el primer Ejecutivo autonómico de la democracia para arrastrar hacia Castilla y León competencias y fondos con los que ejecutarlas.

Diputados de CyL presentes el 22 de febrero de 1983 en la aprobación del Estatuto. De izq, a dcha. y de arr. a abj: Juan Muñoz; Demetrio Madrid; Federico Sanz; José María Aznar; y Modesto Fraile.

«Había comisiones mixtas en las que se transferían los edificios y medios humanos para poder pasar del Gobierno central a la Comunidad». El socialista tira de memoria, y, con cierto humor, señala que pese a ser del mismo partido que gobernaba entonces España (PSOE), la llegada de las competencias fijadas en el Estatuto supuso «un esfuerzo permanente». Con especial dureza menciona las relativas a agricultura, donde el Gobierno de Felipe González veía cómo se vaciaban sus competencias por arriba en favor de la Unión Europea, y por abajo hacia las comunidades. Pese al primigenio autogobierno del primer trasvase aparejado al Estatuto, Demetrio Madrid no olvida el mantra con el que machacó a su equipo: «Yo como Presidente les decía a los consejeros que todo lo que ocurre a en Castilla y León no nos puede ser ajeno, sea o no competencia nuestra».

Aznar y la primera reforma. Una vez superados los cinco años que marcaba la 'vía lenta', y ya con José María Aznar como presidente de la Junta, se puso en marcha una primera reforma del Estatuto que se quedó en papel mojado ante la negativa del Gobierno central, que enterró la propuesta con el 'no' de la Junta de Portavoces a su toma en consideración. La efímera presidencia de Aznar (1987-1989) sirvió para poner sobre la mesa la Ley de Sedes que establece en Valladolid la Presidencia de la Junta y las Cortes, y en Burgos del TSJ, o asumir la 'ley Nalda' del anterior ejecutivo socialista para la creación de las delegaciones territoriales de la Junta, entre otras. Años más tarde, ya en 1992 y con Aznar fuera de Castilla y León como presidente del PP nacional, Gobierno, Partido Popular y PSOE cierran un acuerdo para igualar competencialmente a las autonomías de la 'vía lenta' con las del 151.

Esto se tradujo en la primera reforma del Estatuto de Castilla y León, aprobada en el Congreso de los Diputados el 23 de septiembre de 1993. Las competencias en educación y desarrollo de la enseñanza en todos sus niveles fueron la clave de las 29 nuevas atribuciones que recibió la Comunidad. «No tuvimos que hacer nada más que aplicar la reforma. Esa primera modificación tampoco tenía una finalidad de ampliar a más competencias, sino de homogeneizar las competencias que ya tenían las comunidades», verbaliza Jesús Quijano, líder regional del PSOE entre 1990 y 2000, y figura clave en las dos reformas estatutarias del pasado siglo. «Otra finalidad fue homogeneizar las competencias que ya tenían las comunidades, ya que había autonomías que la misma competencia la tenían en desigual nivel».

Juan José Lucas (i), presidente de Castilla y León entre 1991 y 2001, y Jesús Quijano, secretario regional del PSOE entre 1999 y 2000. - Foto: Agencia Ical

Modificación 'made in Castilla y León'

Pero Castilla y León no se conformó con las transferencias impuestas desde el Gobierno en 1994, y buscó ensanchar las bases de su autogobierno. Cinco años más tarde, la Ley Orgánica 4/1999 alumbraba la segunda reforma del Estatuto. Una modificación, esta sí, sembrada, trabajada y cultivada en la Comunidad. El texto pedía el reconocimiento de Castilla y León como «comunidad histórica» y otorgaba finalmente a la Junta los elementos clave para configurar y diseñar las políticas que articulan el día a día de los castellanos y leoneses:educación, sanidad y servicios sociales. «Íbamos a ser exigentes en el ámbito competencial pero nunca tocando aspectos polémicos con la nación». Juan José Lucas, tótem del Partido Popular y presidente de la Junta de Castilla y León entre 1991 y 2001 –además de ministro de la Presidencia y presidente del Senado–, revela su satisfacción con el nivel competencial que alcanzó la Comunidad con la reforma de 1999: el techo competencial de Castilla y León entró en una nueva dimensión y se recibió, por fin, la gestión sanitaria que desarrollaba el Insalud.

«Había exigencias de algún dirigente socialista que pedía las competencias sobre las aguas del Duero, pero los tribunales ya habían dicho que no era posible», recuerda Lucas, que insiste en la lealtad institucional desde la que PP y PSOE abordaron entonces aquella modificación estatutaria. «Sabíamos que autonomía no es soberanía, y Castilla y León éramos un pilar de estabilidad para España». No oculta que esta reforma también incluyó «una obsesión personal»: la disolución anticipada de las Cortes. «Veíamos que la Junta tenía posibilidades de caer con una moción de censura, pero no podía defenderse y contestar con la disolución anticipada del Parlamento».

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la Junta, Juan Vicente Herrera, del Senado, Javier Rojo, de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (I) y el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Villalba (d). - Foto: Agencia Ical

Reforma de la que también fue protagonista clave Jesús Quijano, líder de la oposición en ese momento. «Esta reforma es la que establece una ampliación de competencias verdaderamente fundamental». El socialista comparte con Lucas la «satisfacción por cómo se produjo aquella negociación constructiva». «Nos reuníamos con mucha frecuencia hasta que tuvimos el texto acordado».

Como anécdota, Juan José Lucas rememora que esta modificación estatutaria se cerró en el restaurante Las Reses de Madrid, donde él y Jesús Quijano, junto Juan Vicente Herrera, Demetrio Madrid, Jaime González, Gabriel Cisneros, Ramón Jáuregui y Jorge Fernández, pactaron los últimos flecos de la reforma antes de su debate en el Congreso. «En ese restaurante cerramos prácticamente los acuerdos. Cuando las personas quieren a la Comunidad, aunque sea desde un punto ideológico distinto, el acuerdo es fácil».

Reforma social y la gestión del Duero

Y llegó la tercera, y, hasta el momento, última reforma del Estatuto de Autonomía. De nuevo, sobre la base de un gran consenso PP-PSOE en Castilla y León, el 30 de octubre de 2007 el Congreso daba luz verde sin ningún voto en contra a la modificación que llevaba las capacidades de autogobierno a las más altas cuotas nunca vistas. «Con esta convertimos nuestro Estatuto en uno de última generación», resume José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta y hombre fuerte de los gobiernos de Herrera. «Llegamos a un nivel competencial altísimo». Ponente y defensor de la reforma del Estatuto, aplaude la forma en que se forjó la modificación: «Las negociaciones con el PSOE fueron muy positivas y logramos un muy buen Estatuto».

Tres fueron los ejes sobre los que pivotó esta reforma, conocida como 'el estatuto de las personas'. Con la mayoría de competencias clave ya en manos de la Junta, esta modificación incluyó la carta de derechos de los ciudadanos, la separación de poderes, y la gestión de la cuenca del Duero, convertida en un quebradero de cabeza jurídico. Cuatro años después, el Tribunal Constitucional tumbó la gestión de la CHD tras un recurso de la Junta de Extremadura. «El Constitucional se contagió de lo que pasó con el Guadalquivir», lamenta De Santiago-Juárez, que señala que durante las negociaciones para la reforma «todos los partidos, grupos, sindicatos y asociaciones coincidían en asumir la gestión del Duero». «Todas las demás competencias las tenemos».

El último mandato de Herrera intentó sacar adelante una cuarta reforma del Estatuto que no llegó a buen puerto ante la fragmentación del bipartidismo y la irrupción de Podemos y Cs. «Me reuní con Tudanca, con Fuentes, con Fernández y no fue posible». De Santiago-Juárez recuerda que «queríamos incorporar al Estatuto la limitación de mandatos, cuestiones de buena gobernanza, transparencia…».

116 competencias

«Llevamos cuarenta y un años y ahora sabemos bien qué competencias ejercería mejor Castilla y León y cuál mejor el Estado». Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional y exconsejero de Educación en Castilla y León, ensalza que la Comunidad «ha puesto el acento en practicar las competencias con calidad». «Al final el Estado autonómico es el Estado social, y ahí no tenemos problemas». En medio de un debate sobre el despiece y trasvase competencial para pagar favores políticos, Rey recuerda que Castilla y León «no quiso en ninguno momento la gestión de las cárceles o una policía propia», algo que contrapone con País Vasco y Cataluña: «Quieren competencias de Estado para tener un Estado paralelo».

Tres reformas y cuarenta y un años después, el Estatuto carga sobre sus hombros con el peso de las 116 competencias asumidas por Catilla y León. Los datos que maneja el Ministerio de Política Territorial y Calidad Democrática dejan a la región como la séptima que mayor número de competencias tiene, con 116, pese a ser la última que aprobó su Estatuto. «Básicamente hemos alcanzado el techo competencial».