Amanda Azañón se cambió de sexo hace una década. «Hasta ese momento simplemente era una persona solitaria. No puedo decir que mi vida fuera un infierno porque todas las personas tienen varios compartimentos en su vida. No solamente es su identidad ni quién siente ser, también tiene otras preocupaciones. Por eso he podido sobrevivir, ya que interiormente lo vivía con una tremenda desazón, como si viviera una ficción. Pero al final te haces a ello», explica pocas semanas después de la aprobación de la Ley Trans, el nuevo paradigma en España para la autodeterminación de género y también nuevo motivo de conflicto político e incluso de brecha en el movimiento feminista. «Era una ley que necesitábamos desde hace muchísimos años, pero ha dejado un sentimiento de enfrentamiento y criminalización del colectivo porque han dicho que la gente se va a cambiar de sexo para ir a los aseos de mujeres o para tener alguna oportunidad en el deporte femenino. Tenemos por fin una ley, pero nos ha generado cantidad de problemas», reflexiona Azañón.

En el mes y 23 días transcurridos desde que el 1 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicó la norma, el Registro Civil de Segovia ha recibido diez peticiones de cambio de sexo. Una cifra elevada si se compara, por ejemplo, con las tramitadas por Burgos (doce), una provincia con más del doble de habitantes. Ya no es necesario un informe médico ni psicológico o haber iniciado un proceso de hormonación para que un hombre pase registralmente a ser una mujer y viceversa. Siempre que el solicitante, eso sí, tenga más de 16 años. Es pronto para evaluar los efectos en las cifras de la Ley Trans sobre todo porque la huelga de los letrados de la Administración de Justicia ha tenido casi paralizados los registros civiles hasta hace solo dos semanas, pero el colectivo más afectado no cree que se vaya a producir una avalancha.

«¿Cuántos varones creemos que van a ir a los registros para convertirse en mujeres? Si estamos en una sociedad que sigue pensando que las mujeres son de segunda categoría», señala Gema Segoviano, vocal de la junta directiva de Segoentiende, la asociación que agrupa en Segovia a lesbianas, gays, transexuales y heterosexuales, según remarca en sus redes sociales. La nueva ley obliga a quien solicita el cambio de sexo registral a comparecer una segunda vez en el plazo de tres meses para ratificar su primera declaración. Después, el Registro Civil tiene un plazo máximo de un mes para dictar una resolución.

Otro de los aspectos polémicos de la nueva ley es que permite el cambio de sexo desde los 12 años, aunque hasta los 14 años requiere de la presentación de un aval judicial. «Nos han consultado unos cuantos menores con este nuevo panorama», revela Segoviano. «Lo que te vienen es que ya se pueden acercar con más tranquilidad al Registro y poder iniciar el cambio de nombre y cambio de sexo sin tener que pasar previamente por el médico. Y la mayoría sí que cuentan con el apoyo de su familia. Eso es importante porque esto no es de un día para otro. Estas personas llevan una carga emocional muy muy alta y no es fácil para ellos ni para sus familias. Las personas trans no son personas desequilibradas, sino que son personas que han pasado por su proceso también de aceptación, por su proceso de conocimiento... Lo mínimo es poder ayudarlos a que los trámites no sean tan pesados y que las cargas sociológicas tampoco sean tan complejas».

Expertos científicos han expresado su preocupación por los posibles efectos a largo plazo de las terapias hormonales transgénero y de los bloqueadores de la pubertad en niños de 12 años. «Quienes dan las terapias hormonales son las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de sanidad, así que las quejas deben ir a las comunidades autonómas. Algunas tienen leyes de protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTB, pero en Castilla y León no hay ninguna. Solo hay desde 2014 un protocolo de atención a las personas trans, donde se especifican los pasos a seguir para acceder a las terapias hormonales. No se debe confundir lo que viene en la ley estatal con las competencias sanitarias de cada comunidad autónoma», asevera la directiva de Segoentiende Gema Segoviano, quien en la norma aprobada echa en falta una mayor atención a las personas no binarias y a los inmigrantes y refugiados que solicitan asilo por cuestiones de identidad u orientación sexual.

Segoviano recuerda el peregrinaje que tenían que afrontar hasta ahora quienes se querían cambiar de sexo: «Lo primero era ir a Atención Primaria a conseguir un certificado de disforia de género. A veces incluso te derivaban a endocrinología. Y a partir de ahí empezar todo un conjunto de citas médicas con la unidad de psiquiatría, endocrinología, empezar el tratamiento hormonal y esperar dos años para poder cambiar el nombre en el Registro [Civil]». 

Ese proceso daba lugar de forma frecuente a situaciones incómodas. «Personas trans a las que les pedían el DNI por la calle y, como todavía no tenían el cambio registral pero sí llevaban un aspecto afeminado o pelo largo, les decían que no eran ellas las del DNI. Muchas personas esperaban esos dos años para empezar a moverse a buscar trabajo porque si no se encontraban con rechazos del estilo 'aquí viene un nombre, usted tiene otra apariencia y no queremos problemas», recuerda Segoviano.

No obstante, la ley aprobada por el Gobierno dedica a las personas trans solo una pequeña parte de sus 96 páginas, que incluyen otras medidas relevantes, según resalta Segoentiende. «Por ejemplo, para que haya una igualdad real en el medio rural y no haya personas que tengan que huir de sus pueblos. Yo conozco varios casos de discriminación todavía en 2023. En el ámbito educativo se ayuda a crear una primera instrucción para que las comunidades educativas empiecen a formar y a informar acerca de todas las realidades de diversidad afectivo-sexual y de género. Además, las mujeres lesbianas que son pareja de hecho ya pueden registrar a su hijo como hijo de ambas. Pero ochenta y tantos artículos han quedado reducidos a tres páginas escasas. Y el colectivo trans, que representa un uno por ciento de la población, no creo que vaya a hacer tambalearse a todo un país», concluye Segoviano.