Amanda Azañón hizo su cambio de sexo cuando tenía 48 años. «Cuando empecé a tener sospechas de que algo me pasaba tenía alrededor de 7 años, pero en aquel momento no tenía referentes. Pensaba que era la única persona en el mundo a la que le pasaba y encima todavía vivía Franco y estaba vigente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, por la que nos podían internar en un centro pisquiátrico penitenciario solo por ser trans. Y dejó de aplicarse pero siguió en el Código Penal hasta 1995. Entonces se empezaron a considerar nuestros derechos, pero ha sido un proceso penosamente largo. Y explicarlo en casa es un marrón. Con esta ley la gente puede iniciar el proceso mucho antes y con mejores resultados», remarca.

Ella no la pudo disfrutar, pero siguió adelante con su decisión, que afortunadamente encontró la comprensión de su entorno. «En el ámbito laboral tuve miedo, pero tenía veinte años de antigüedad en mi empresa y se lo tomaron bien y me facilitaron muchísimo el proceso. De hecho, mi cambio de nombre registral fue muy posterior a mi cambio de nombre corporativo. En las listas de la empresa figuraba como Amanda, pero los trámites administrativos en la Seguridad Social o Hacienda los seguía haciendo con mi antiguo nombre. Y nunca me cambiaron de puesto, ni de centro de trabajo y seguí con los mismos compañeros. Fue muy importante para mí. Yo me he quitado un montón de preocupaciones y solo me dedico a hacer lo que me gusta. No me tengo que preocupar de quién soy y por qué ni nada de esas cosas, y tengo una vida muy buena. Es otra. La de siempre pero con una preocupación muy importante menos», cuenta.

Para Azañón, una de las virtudes de la nueva ley es que «abarca todos los aspectos de la persona». «Con la ley de 2007 había un plazo de dos años que era como hacer una desconexión de nuestra vida para poder tener un nombre adecuado a nuestra identidad. Eran dos años de estar como sin estar», lamenta. La norma permite además el acceso a otras personas. «Los extranjeros que viven en nuestro país no tenían acceso a un NIE con el nuevo nombre mientras no arreglasen en su país el tema del pasaporte», indica. En su opinión, ahora falta llevarlo todo a la práctica. «Ya tenemos una base jurídica que nos protege y ahora hay que respetar esas leyes. Esa es la dificultad. Aunque estén en el BOE las cosas no son automáticamente cumplidas. Deben ser asumidas por la sociedad», subraya.