Los primeros pasos de la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil están salpicados de tropezones. Los centros y las asociaciones de madres y padres de alumnos avisan de las carencias que por el momento arrastra un modelo que la Junta de Castilla y León estrenó este curso para los niños de dos a tres años y a que a partir de septiembre se extenderá a los de uno a dos años. Y a pesar de que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha presumido de su política («Todos tenemos la posibilidad de ver crecer ante nuestros ojos este servicio público. Donde antes no se llegaba, ahora es una realidad. La educación llega hasta las edades más recientes»), se cierne sobre ella la amenaza de que la demanda supere a la oferta, según avisan fuentes del sector.

El pasado 10 de abril finalizó el plazo de solicitud de admisión. La Consejería de Educación ha establecido este año por primera vez un sistema único de admisión en todos los centros, públicos y privados, para el próximo curso 2023-2024. Los niños de uno a dos años que este curso han estado matriculados en una guardería y que se incorporarán a la gratuidad tienen garantizada su plaza en ese centro si desean continuar. El resto han tenido que indicar en su solicitud de admisión el centro al que aspiran en primer lugar y otras opciones ante la posibilidad de quedarse en ese sin plaza, ya que una comisión baremará los puntos de cada familia a la hora de adjudicar las plazas en función de criterios –como en los colegios– como la proximidad del domicilio al centro.

Esa batalla por una plaza se libra sobre todo en Segovia capital. Aquí, 18 centros –públicos y privados– se han acogido a la gratuidad para niños de uno a dos años; el 66 por ciento del total que podría haberlo hecho, Entre ellos, todas las guarderías. En cambio, una mayoría de los colegios carecerán de esta oferta académica gratuita. Solo se sumarán el Claret, Fray Juan de la Cruz, Santa Eulalia, Nueva Segovia, Martín Chico, Eresma y San José, mientras que quedan fuera los Maristas, Cooperativa Alcázar, Domingo de Soto, Villalpando, Carlos de Lecea, El Peñascal, Elena Fortún y Diego de Colmenares. En la provincia, únicamente, el Teodosio el Grande (Coca), San Gil (Cuéllar), San Rafael y Virgen de la Peña (Sepúlveda). En el medio rural predominan las escuelas municipales.

El director provincial de Educación, Diego del Pozo, ha rechazado realizar declaraciones hasta que el proceso de volcado de datos de solicitudes de admisión haya finalizado y tenga información más precisa acerca de alumnos y aulas. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) Antonio Machado, Noelia del Barrio, pide en cambio corregir los defectos sufridos este curso, el primero con educación gratuita para los niños de dos a tres años.

«Hubo mucho retraso en la adjudicación de las obras, empezó el curso y en muchos centros faltaba material…», denuncia Del Barrio. «Es verdad que a lo mejor los proveedores se vieron desbordados de  encargos de material específico, pero ya ha pasado una vez. Nos tiene que servir de escarmiento para que no falte nada. Ni juguetes, ni personal. Que no lleguen al centro y se diga que hasta dentro de cuatro días no se incorpora la profesora. Eso es una falta de respeto a los padres y a los niños».

Dentro de su programa de obras de reforma, mejora y sustitución de espacios para este 2023, la Consejería de Educación tiene previsto llevar a cabo actuaciones para cubrir las necesidades de escolarización de uno a dos años para el próximo curso en los colegios Teodosio el Grande (Coca, 15.000 euros de presupuesto), San Gil (Cuéllar, 15.000), Arcipreste de Hita (El Espinar, 25.000), San Rafael (17.000), Eresma (17.000), Fray Juan de la Cruz (17.000), Martín Chico (49.000), San José (15.000), Santa Eulalia (49.000) y Nueva Segovia (49.000). «Nos gustaría que la mayoría de las plazas [que se ofertan] salieran en centros públicos. No entendemos que habiendo capacidad se siga concertando tanto», indica la presidenta de la Fedampa Antonio Machado, que además pide extender la gratuidad a la última etapa que faltaría, la de cero a un año: «Es fundamental para la conciliación. No todo el mundo puede permitirse pagar guarderías».

Estas últimas afrontan todo un reto de readaptación y para algunas incluso de supervivencia. «Este curso hemos estado en números rojos», reconoce la directora educativa y pedagógica de la escuela infantil Pitufos, que se sumó al programa de gratuidad de la Junta para niños de dos a tres años y se sumará al de uno a dos años. «De cara al curso que viene tenemos miedo e incertidumbre. Este año hemos tenido tres aulas subvencionadas y el curso que viene vamos a tener seis, así que vamos a tener menos ingresos privatizados. Por lo tanto, si la subvención nos vuelve a llegar el 10 de abril, no sé si nos vamos a poder sujetar», alerta.

La Asociación de Escuelas y Centros Infantiles Privados de Castilla y León, de la que forma parte, reclama que la Junta de Castilla y León adelante el pago de las subvenciones del programa de gratuidad. «Tenemos 1.600 metros cuadrados de instalaciones, facturas de luz de 800 euros, de gas otro tanto, las nóminas de catorce personas… Gracias a Dios tenemos ingresos por otro lado por otros servicios, como el transporte escolar, el comedor o madrugadores, pero estamos teniendo muchísimos problemas económicos», lamenta Bragado. «Las nóminas se tienen que pagar, los seguros sociales se tienen que pagar… Y la mayoría somos pequeñas empresas. A ver si por lo menos el año que viene, que ya sabremos hacer bien la memoria justificativa, cobramos antes las subvenciones», abunda la vicepresidenta de la Asociación y gerente de la escuela infantil segoviana Érase Una Vez, Alicia Castro, que anuncia otros quebraderos de cabeza.

La Administración autonómica exige a los centros acogidos a la gratuidad una serie de requisitos en sus instalaciones. «Este curso la Junta nos ha permitido trabajar como centros infantiles, pero para el próximo nos van a exigir tener las obras terminadas. Y hay dos versiones. Desde Valladolid nos dicen que tienen que estar acabadas antes del 31 de agosto para que antes del 31 de diciembre las revise un técnico, pero desde algunas direcciones provinciales de Educación dicen que el 20 de mayo. Hemos solicitado una reunión urgente para aclararlo», señala Castro. Esas obras para adaptarse a las exigencias de la legislación van a obligar a algunas guarderías a reorganizar sus espacios.

Lo habitual es que cuenten al menos con un aula de cero a un año, otra de uno a dos años y una tercera de dos a tres años. «¿Qué va a pasar con los bebés nacidos en 2023? Con las obras algunas van a perder metros y lo que harán muchas es un aula mixta de cero a dos años y una de dos a tres años. Si en esa guardería siguen todos los que pasen de uno a dos años no van a tener plazas para bebés. Ni siquiera aunque uno tenga ya un hermano matriculado allí», explica Castro. Sin embargo, lejos de ser pesimista no augura una oleada de cierres de guarderías en Segovia. «Aquí los alquileres no son como en Valladolid, que es una de las razones por las que la diferencia de precios de las guarderías de Segovia con las de León o Valladolid es abismal. Para ellos lo que va a pagar la Junta no va a ser suficiente. Para nosotros yo creo que no va a haber problema. En mi caso somos dos autónomas y una trabajadora. Vamos a ganar menos dinero, pero nunca hemos ganado mucho tampoco», concluye la vicepresidenta de la Asociación de Escuelas y Centros Infantiles Privados de Castilla y León y gerente de la escuela infantil segoviana Érase Una Vez.