En una sesión con pocos asuntos en el orden del día, el pleno de la Diputación aprobó una modificación presupuestaria de 3.047.600 euros para continuar dando respuesta a las necesidades de la provincia, en la que se incluyen, entre otras partidas, 225.000 euros para el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, 330.000 euros para obras en distintas carreteras de la red viaria provincial y 30.000 euros para ampliar el convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos que permita que el Sistema de Dosificación de Medicamentos llegue a más personas en los pueblos. Además, se hicieron ajustes entre partidas de Personal, mientras que se han utilizado 766.500 euros procedentes del remanente de Tesorería.
Por otro lado, se aprobó por unanimidad, la subida del 0,5% del IPC Armonizado en las retribuciones básicas y complementos de los trabajadores de la Corporación, dando respuesta así a la resolución del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Además, con carácter de urgencia se incluyó en el orden del día la prórroga hasta el 15 de diciembre del plazo de justificación de las obras del PAIMP por la carencia de mano de obra y el acceso a contratistas públicos a las que se están enfrentando los ayuntamientos. Este punto fue también aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos.
En el turno de mociones, el grupo socialista propuso la creación de una mesa de trabajo con presencia de todos los grupos políticos para elaborar propuestas en materia de desarrollo industrial que sean trasladadas al grupo de trabajo del Programa Territorial de Fomento Territorial. Fue rechazada pues sólo contó con el apoyo de la diputada del grupo mixto - IU.
La segunda de las mociones, formulada por PSOE e IU, solicitaba la mediación de la Diputación con la empresa que presta el servicio para llevar a cabo los Programas de Promoción Personal a fin de atender las reclamaciones de las personas trabajadoras, un servicio que según expresó Ana Peñalosa, «no está catalogado como esencial, pero tiene un fuerte arraigo en la provincia, por lo que solucionar el conflicto es una cuestión de voluntad política y tiene cabida jurídica». Este punto fue rechazado de pleno por el grupo popular y grupo mixto - Vox, ya que, tal y como defendió Pedro Varela «o existe falta de profundidad en el conocimiento jurídico o están buscando meter a la Diputación en un problema, por eso nosotros no vamos a entrar en chapuzas jurídicas».
Tras la intervención de Máximo San Macario que argumentó que «los trabajadores de las Aulas son el brazo ejecutor de lo que planifica la Diputación» para justificar su propuesta, el presidente, Miguel Ángel de Vicente concluyó insistiendo en que «no puedo compartir ninguna de las ilegalidades a las que ustedes quieren llevar a este equipo de Gobierno, estamos cumplimos escrupulosamente la legalidad vigente, mientras que a ustedes les mueve la sinrazón para intentar desgastar a este equipo de Gobierno». De Vicente volvió a explicar que la Diputación no tiene ninguna relación laboral con estos trabajadores y que las condiciones recogidas en el pliego de condiciones del contrato con la empresa, cumplen escrupulosamente lo que marca el convenio colectivo firmado por el sindicato CC.OO..