El Gobierno de España, a través de la empresa pública Tragsa, contrató a un total de 40 profesionales de especialidades como derecho y economía, distintas ingenierías, geografía y humanidades, para orientar y apoyar a las administraciones públicas de Castilla y León, especialmente a los municipios menores de 5.000 habitantes, en la solicitud de ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Las 40 personas contratadas en Castilla y León llevan así dos meses dedicadas a «dar apoyo a los ayuntamientos» para su participación en las distintas convocatorias de fondos a través de proyectos que permitan «transformar su modelo económico y productivo y blindar los servicios públicos», con el objetivo final de «aprovechar al máximo la oportunidad» que brindan los fondos europeos y «que todos los sectores saquen partido para poner en marcha su propio plan de desarrollo en nuestra tierra».
Así lo explicó, en declaraciones recogidas por Ical, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que recordó que la contratación de este equipo «multidisciplinar, técnico y administrativo», ubicado en las oficinas provinciales de Tragsa y cuya coordinación depende de esta empresa pública a nivel nacional, surge tras la inversión de 69 millones en toda España, por parte del Gobierno, para desarrollar la asistencia técnica de las administraciones públicas para la captación, ejecución y justificación de los fondos Next Generation de la UE.
De esta manera, los 40 nuevos trabajadores, repartidos de cuatro en cuatro entre las diferentes provincias de la Comunidad, más los cuatro que se encuentran coordinando las actuaciones desde la central autonómica de Tragsa en Valladolid, pondrán en conocimiento de las administraciones públicas de la Comunidad, especialmente diputaciones y ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, las distintas convocatorias, y darán asistencia para la participación, seguimiento y utilización del sistema de información integrado, además de asesoramiento para el cumplimiento del plan y soporte a la tramitación, junto a la recopilación y difusión de buenas prácticas.
La comunicación, desde la puesta en marcha hace dos meses del sistema, es «permanente» y «con carácter semanal» con las administraciones locales. Por el momento, un total de 600 municipios se han adherido al programa, «un 25% de los ayuntamientos de Castilla y León», según apuntó Barcones, que insistió en que, desde la Delegación del Gobierno, seguirán trabajando para que «los ayuntamientos sepan que este servicio está a su disposición».