La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) apuntaba a ser un tema clave durante la campaña electoral y no hay candidato que no la haya citado en estas semanas en Segovia. Pero todos son conscientes de la hipersensibilidad que despierta la iniciativa y han pasado de puntillas, prometiendo diálogo previo y sin concretar siquiera su propuesta sobre la extensión que abarcará, si bien hace años que se viene hablando del conjunto del recinto amurallado.
De hecho, el Plan de Movilidad Urbana de Segovia (PMUS) de 2008 ya contemplaba una «ampliación del área de tráfico restringido» a la práctica totalidad del casco histórico, en lugar de 'sólo' Plaza Mayor y calles aledañas, homologable con la ZBE que la Ley de Cambio Climático insta a crear en las ciudades de más de 50.000 habitantes «no más tarde de 2023».Dicho documento municipal, aprobado por unanimidad hace década y media pero sin haberse implementado por completo en todo este tiempo, preveía cámaras de control en la plaza del Conde Cheste, el arco del Socorro y la calle Doctor Velasco para limitar el acceso de tráfico privado no residente desde esos puntos. Así, aparte del transporte público, otros servicios municipales y emergencias, sólo entrarían vehículos de residentes, junto con posibles excepciones como ciertas visitas de familiares directos, clientes de hoteles de la zona, carga y descarga en un horario determinado, vehículos de cero emisiones como los eléctricos, que accederían con tiempo limitado de permanencia… Caben más excepciones y el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, permite hasta tres coches para cada empresa de su zona regulada, al tiempo que la ley de tráfico ya recoge multas de 200 euros por entrar sin permiso a las áreas restringidas ambientalmente de cualquier ciudad.
En principio, los primeros 'expulsados' de la ZBE apuntan a ser los vehículos diésel y gasolina anteriores a 2014 y 2006, respectivamente, pero hay que ver cómo se aplica la norma a escala local, de cara a posibles exenciones, moratorias o soluciones de implementación por fases que palíen los recelos que una parte de los comerciantes, hosteleros y vecinos han manifestado por las consecuencias que tenga para la movilidad, la actividad económica y la vida en general; dudas ciudadanas que no vienen de ahora, sino de la década y media larga que ha transcurrido sin que se desarrollara por completo el PMUS.
Vox sí que ha dicho que pretende reducir la ZBE «a la mínima expresión», a calles peatonales, mientras el resto de partidos ha abogado por llevar a cabo su implantación con diálogo previo en busca de consenso; pero detalles concretos, cero hasta después de la noche electoral.