Castilla y León refuerza su liderazgo y se sitúa a la cabeza, con un 8,5 de nota, en la escala de valoración del sistema de dependencia, según XXIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, un informe que en esta ocasión hace especial hincapié en el plan de choque para la mejora del sistema de dependencia aprobado por el Gobierno que ha supuesto un aumento en la financiación de las autonomías de más de 1.800 millones en 2021 y 2022, cantidad que se repetirá en 2023, según el documento del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
«El incremento presupuestario del Gobierno no ha sido suficiente para cumplir el plan de choque. Es tremendamente preocupante», denunció el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, la entidad encargada de elaborar este dictamen, cuya vigesimotercera edición ha sido presentada en Madrid.
Para Ramírez, junto a la lentitud de la burocracia, una de las causas del incumplimiento del plan de choque es la «desidia» de las regiones. Así, hasta diez comunidades, entre las que se incluye Castilla y León, «han recortado el presupuesto propio de dependencia de 2021 a pesar de recibir más dinero del Gobierno». «Han hecho caja con ese dinero reduciendo el presupuesto propio. Es una actitud inmisericorde», denunció, al tiempo que recordó que «cada 12 minutos fallece en España una persona en lista de espera para la dependencia».
En lo referente a las cifras autonómicas, el dictamen señala que en 2022 han aumentado en 5.641 los dependientes atendidos (de 108.712 al cierre de 2021 a los 117.173 de 2022), una subida del 5,02por ciento, frente al incremento de la media nacional de un 7,47 por ciento. Además, la lista de espera ha subido también en 21 personas, un incremento del 11,29% que, sin embargo, se debe entender como un ajuste numérico de cifras, según mantienen desde el Observatorio, que destacan que Castilla y León continúa -al igual que en años anteriores- «en plena atención» con correspondencia entre el número de personas valoradas con derechos (114.380) y el número de personas atendidas (114.173).
De hecho, en cuanto a la evolución anual de personas atendidas, el dictamen resalta que la cifra en Castilla y León se ha situado en 1,8 personas desantendidas por cada 1.000 con derecho reconocido, «un exiguo dato de ajuste debiéndose entender la continuidad de la atención plena». Además, el tiempo de espera entre la valoración y la atención es de 125 días, muy lejos de los 344 que refleja la media nacional.
En cuanto al promedio del gasto público por persona dependiente, la Comunidad cerró 2022 en 4.377,1 euros, muy alejado de la media nacional que se sitúa en 6.131,6 euros, una diferencia del 28,6 por ciento. Esto se debe, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, al importante peso de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) en su cartera (31,3 por ciento) frente al resto de territorios que apenas están en el 10,8 por ciento. Por el contrario, el gasto público por habitante (199,6 euros) supera en más de 36 euros el promedio de las otras autonomías, lo que supone una diferencia de más del 22 por ciento. Como consecuencia, remarcan, de la elevada tasa de cobertura de 47,9 planes individualizados de atención por cada 1.000 habitantes, casi el doble de la medida nacional (27,72). También se sitúa por encima el gasto por persona potencialmente dependiente que se eleva a 1.332 euros frente a la media nacional de 1.194 euros.
En referencia a las prestaciones, la región cerró el año con 5.860 nuevas, de las cuales el 80 por ciento corresponden a teleasistencia, con 4.667 nuevos servicios. Además, aumentan las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar un 18 por ciento (1.056), mientras que cae la ayuda a domicilio un siete por ciento (-384) y residencias (-51). Castilla y León, junto a Extremadura, presenta una singularidad con respecto al resto de comunidades, ya que las prestaciones económicas vinculadas al servicio ocupan el 31,3 por ciento de su cartera frente al 10,8 por ciento del resto. De esta manera, según señala el informe, se ofrecen a un coste medio de 333,73 euros subtipos de servicios tan caros habitualmente como la atención residencial, los centros de día o la ayuda a domicilio.
Impacto en el empleo.
Además, se han generado 2.259 nuevos empleos como consecuencia de la financiación adicional incluida en el plan de choque. De esta manera, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia genera ya en Castilla y León más de 36.731 puestos de trabajo directos, con una tasa de generación de empleo de 65,6 puestos por millón de euros invertido, la mayor de todas las comunidades cuya media se sitúa en 40,9 empleos, según informa Ical.
El elevado empleo generado en Castilla y León, señala la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, «no se puede entender sin la apuesta decidida de la Comunidad por servicios altamente generadores de empleo». Estas cifras, asimismo, supone que la dependencia genera 248,2 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público total del 44,36 por ciento de lo invertido frente a la media nacional del 42,43 por ciento.