El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a Sacyl a indemnizar a una mujer, la cual ha querido permanecer en el anonimato, con la cantidad de 35.000 euros por un diagnóstico equivocado de Espondiloartropatía Indiferencial, lo que llevó a la administración de un tratamiento erróneo con el fármaco Infliximab y provocó el Síndrome de Guillain-Barré. Éste causó a la paciente tetraparesia, una afección en la cual las extremidades sufren debilidad muscular o la parálisis de ciertos miembros. «Ahora tengo un 88 por ciento de discapacidad», revela. A esto se suma que, según cita la demanda, «no ha existido ni información previa ni consentimiento verbal o por escrito respecto a las consecuencias de la administración del citado fármaco, ya que según todos los informes clínicos la actora padecía una lumbalgia».
El problema empieza en mayo de 2014, cuando la mujer es trasladada al Hospital General de Segovia como consecuencia de reiterados y constantes dolores. Es por ello que pasa por varios servicios (Reumatología, Neurología, Medicina Nuclear, Psiquiatría..). Finalmente, en noviembre de 2017, es derivada al servicio de Reumatología, donde es diagnosticada de espondiloartropatía indiferenciada, siendo tratada con infliximab desde febrero hasta mayo de 2018. La medicación fue retirada por la aparición de una hepatitis farmacológica.
A finales de agosto la paciente comienza a padecer síntomas de debilidad muscular que comenzaron en la mano izquierda, extendiéndose posteriormente a la mano derecha y a los miembros inferiores, no pudiéndose mantener de pie. Es entonces cuando se la diagnostica el Síndrome de Guillain-Barré, lo que la provoca debilidad en las extremidades.
La demanda, defendida por los letrados Juan Carlos Pascual Salinas y María del Rosario García Albertos, recoge que «el diagnóstico equivocado se hubiera podido evitar si se hubieran agotado todas las pruebas médicas que la ciencia ofrecía» y que «son varios los informes clínicos que determinaron que no había pruebas de la existencia de espondiloartritis, sino lumbalgia crónica».
En lo que respecta a las consecuencias, la demanda recoge que hay dos secuelas evidentes: tetraparesia y cuadro psiquiátrico reactivo en forma de distimia (depresión). Por ello, además de por daños morales, pérdida de calidad de vida, asistencia sanitaria futura, incremento del coste de movilidad, ayuda de una tercera persona y otros conceptos, la demandante solicitaba una indemnización de 597.247 euros. Aunque en el fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León únicamente estiman parcialmente el recurso interpuesto, por lo que la Gerencia Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León (Sacyl) y la aseguradora de ésta, Segurcaixa Adeslas S.A, de Seguros y Reaseguros deberán indemnizar a la demandante con la cantidad de 35.000 euros. Una cantidad simbólica para ella, ya que lo único que buscaba era «que un juez me diera la razón y que la médica que me diagnosticó me pidiera perdón». Lo primero lo ha conseguido, pero lo segundo no. «En el juicio me dijo que no me conocía porque tenía muchos pacientes, pero cuando estuve ingresada en la habitación de Neurología fue a visitarme. ¿Desde cuándo una reumatóloga hace eso si no te conoce?», se pregunta.
A pesar del fallo y de la indemnización concedida, la demandante revela que no la interesa el dinero. «Me han quitado la vida y eso no me lo van a devolver ni con todo el dinero del mundo. Pasé, con 47 años, de ser una mujer activa, que trabajaba, llevaba mi casa y cuidaba de mis hijos a, de la noche a la mañana, no poder ser capaz de hacer casi nada. Eso no se puede compensar con nada», lamenta.