Urbanismo lleva más de cuatro años siendo el área más discutida del Ayuntamiento de Segovia. En 2019 ya se reconocía desde el Gobierno local que el tiempo de tramitación de buena parte de las licencias de obras llegaba a rondar los «cuatro y cinco meses», cuando el plazo legal está en tres; pero, ya en 2021, la patronal del sector de la construcción empezó a denunciar demoras de «14, 15 y 16 meses», mientras arreciaban las vacantes por traslados y jubilaciones sin relevo en el servicio. Así se fue formando un atasco que, a principios de 2023, superaba las 70 solicitudes de licencias de obra mayor; las más complejas, ya sean para construcción o para reformas profundas de edificios colectivos de distintos tamaños o unifamiliares. La cifra por sí sola quizá no diga mucho al no iniciado, pero se puede hacer mejor idea si tiene en cuenta que en los últimos años han entrado una media de 75 por ejercicio mientras no se resolvían más de 60, por lo que, aunque se duplicara el ritmo, harían falta dos o tres años para acabar con el colapso.

Ese es el panorama que esbozaba el Colegio de Arquitectos hace sólo unos meses, y el nuevo concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Alejandro González-Salamanca, recién incorporado al puesto tras consumarse el traspaso de poderes del PSOE el PP el pasado 17 de junio, coincide en el diagnóstico general. «Urbanismo y Patrimonio Histórico tienen problemas. Veo que los funcionarios tienen dedicación y trabajan bien, pero la organización es la que es, el planeamiento es el que tenemos, y eso nos ralentiza todo», señala en declaraciones a El Día. «Luego las condiciones de trabajo que tienen no son las mejores. Concretamente las oficinas de Patrimonio son nefastas, no están en condiciones para trabajar cómodamente y eso me gustaría abordarlo dentro de las posibilidades del Ayuntamiento», si bien aún no precisa si optaría por una reforma o un traslado, dado que Patrimonio está en la Judería (en la casa de Abraham Seneor), Urbanismo en la carretera de Palazuelos, y en este nuevo mandato, a diferencia del anterior, vuelven a ser áreas integradas en una sola Concejalía. «Y en cuanto a Urbanismo, hay una precariedad en el empleo en gran cantidad de personas que hacen que no haya la continuidad necesaria para todos», añade. 

González-Salamanca no entra en cifras, si bien desde la Agrupación Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Segovia (Aitas), sindicato mayoritario en su junta de personal, estiman que más de la mitad de los puestos que hay en Urbanismo («unos 40») están cubiertos por interinos o vacantes. «No sé cuántas son exactamente», insiste el concejal, «pero hay muchas personas que están con un contrato de una subvención y que les finaliza en diciembre, y está el personal interino». «Cuando tú tienes que llevar una continuidad en un servicio tan importante, hace falta permanencia, y aparte de que en Urbanismo  hace falta que haya funcionarios de carrera que gestionen un derecho fundamental como es el de la propiedad».

«En estos días ya he empezado a trabajar con el concejal de Personal (César Martín) porque sabemos que debemos hacer convocatorias para cubrir vacantes», confirma. «El dato no lo tengo en este momento pero, para el año que viene, tenemos que hacer una oferta de empleo público que entiendo yo que será relevante. Vamos a ver con qué recursos contamos, claro. Estamos estudiando todo eso y aún no puedo dar cifras, pero nada más llegar nos hemos dado cuenta que nos hace falta personal y que tenemos que convocar algunas oposiciones, unas cuantas».

Cubrir vacantes y reforzar plantilla en lo posible se presume por tanto fundamental, aunque llevará su tiempo, mientras hay medidas de carácter organizativo que sí son de aplicación más inmediata para reorientar el sistema de trabajo. Básicamente, González-Salamanca apuesta por dedicar menos tiempo a la comprobación de la legalidad de las obras menores que se lleven a cabo (dado que la normativa vigente permite que se ejecuten tras la presentación de una declaración responsable ante el Ayuntamiento), para dárselo a la interacción previa con los promotores de obras mayores, de modo que estos cuenten con más información a la hora de presentar sus proyectos y no se atasquen durante meses en un bucle de presentaciones, denegaciones y devoluciones para reajustes.

«Las declaraciones responsables o antiguas licencias de obra menor nos llevan mucho tiempo porque se les da una importancia muy grande y se hacen muchas comprobaciones, a pesar de ser obras de poca entidad», expone. Y en ese sentido, «entiendo que porque alguien vaya a cambiar la bañera, poca comprobación necesita. Lo que tenemos que hacer es facilitarle la gestión, que esa obrita en casa la haga rápido. Naturalmente tenemos que comprobar, pero no va a ser una dedicación exhaustiva».

«Respecto a las obras mayores, pretendemos que cuando se presente un proyecto, si es necesario, se haga una comunicación de solución de algunos inconvenientes que pueda tener, y reunirnos con los promotores para levantar acta de aquellas cuestiones que los técnicos municipales entiendan que deben subsanarse», expone. «Pero que no se haga ninguna otra reclamación más o ninguna petición de subsanación, porque es donde se desespera la gente, que dice 'oiga, hago el proyecto, me hacen una petición de subsanación, la hago, luego me hacen hacer otra...'», ejemplifica. «También es verdad que en muchas ocasiones los particulares cambian el proyecto», matiza, «pero pretendo que todo eso se agilice».

¿Y cuánto tiempo cree González-Salamanca que hará falta para recuperar una velocidad crucero en la actividad de la Concejalía? «No lo sé, pero en principio sí que necesitaremos como mínimo seis meses para organizar el trabajo, sacar temas antiguos y coger un ritmo, y también debemos consolidar a muchas personas que claro, si aprueban sus oposiciones y tienen una permanencia en el empleo, podrán trabajar con más tranquilidad».

NORMATIVA URBANÍSTICA. Por otro lado, el PP ya avanzaba en su programa electoral la intención de abordar una «revisión» del Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis), vigente desde principios de 2020, ¿pero a qué se refiere?, ¿considera que el recinto amurallado y el resto de áreas catalogadas como históricas están sobreprotegidas? «Es evidente que los valores que tenemos en Segovia deben ser protegidos y de una manera estricta, pero lo que no hay que hacer es sobreproteger», responde. «Proteger la ciudad de una manera seria y contundente, pero permitir que la ciudad sea habitable y vivible, que Segovia no puede ser un museo».

«Debemos revisar ese modelo de protección de las áreas históricas porque el Peahis ya lleva un tiempo de rodaje (tres años y medio) y los resultados, hasta este momento, no son demasiado exitosos», argumenta. «Basta con ver cómo están la zona de la iglesia de San Justo, la plaza de San Nicolás, caserones sin rehabilitar en torno a la Plaza Mayor, el Hotel Victoria... Al final no sabemos si el Peahis protege o desprotege, y tenemos que revisarlo», reitera. 

En cuanto al PGOU, cuya revisión ya se inició durante el último mandato socialista (está «en tramitación» la llamada evaluación inicial estratégica), el PP también apunta a un cambio notable en el planteamiento general del modelo de ciudad con respecto al vigente, facilitando, por ejemplo, suelo para más casas bajas.«Tenemos que dejar de perder población y para eso necesitamos tipologías edificatorias que no hemos tenido aquí, y que han hecho que muchos vecinos se fueran a otros municipios para poder tener su unifamiliar y su jardín». De hecho, García-Salamanca señala que les «gustaría, si puede ser, huir de la una ciudad compacta», que era justo lo que antes se buscaba, aunque afirma que el modelo definitivo «se decidirá con participación ciudadana, entre todos». 

RUIDO. Aparte, coincide que de esta Concejalía venía dependiendo la tramitación de sanciones por ruido, también bajo el foco en los últimos años. Los propios sindicatos de Policía Local o la Defensoría del Ciudadano han puesto en duda que se haya elevado a firme alguna de las denuncias que suelen interponer los agentes por molestias entre vecinos (por fiestas universitarias en viviendas, por ejemplo), sin que el anterior Gobierno local les desmintiera con cifras, ya que nunca las facilitó. Y ahora, González-Salamanca sugiere directamente que los empleados de su área se desprendan de parte de esas competencias: «Es algo que tenemos que ver, porque una cosa son denuncias a un establecimiento hostelero por un ruido exagerado, porque supere los límites de la ordenanza o no tenga las medidas de aislamiento adecuadas, y otra cosa unos señores cantando a las tres de la mañana, lo cual puede ser más una cuestión de seguridad ciudadana», sugiere.

Pero el objetivo que se considera más urgente, en cualquier caso, es el del cambio de las rutinas de control y comprobación de las obras mayores y menores para paliar el principal atasco de Urbanismo.