Un total de 3.242 agricultores y ganaderos de Segovia (2.612 personas físicas y 630 jurídicas) están llamados a las urnas, este 12 de febrero, en 61 mesas repartidas en el conjunto del mapa provincial, para decidir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias ante los poderes públicos en la Comunidad de Castilla y León.  El censo –basado en la afiliación a la Seguridad Social–  ha bajado en 294 personas, en relación a 2018, reflejo del goteo del cierre de explotaciones y de la falta de relevo generacional. 

Entendido como una consulta más que como una elección, en las papeletas no aparecen nombres propios sino los logotipos de las organizaciones que hasta ahora componen el Consejo Agrario de Castilla yLeón, designadas en 2018: ASAJA (tres representantes), Alianza UPA-COAG (dos) y UCCL  (uno). 

En aquel momento, el resultado en la provincia fue muy distinto, porque Unión de Campesinos de Segovia-UCCL fue mayoritaria con 1.184 votos (51,75%), Asaja-Segovia obtuvo 750 votos (32,78%) y la Alianza UPA COAG, 301 (13,16%).

En el ámbito de Castilla y León se consideran organizaciones profesionales agrarias más representativas aquellas que obtengan al menos un 15% del total de los votos válidos emitidos en toda la Comunidad Autónoma, según la Consejería de Agricultura,Ganadería y Desarrollo Rural. En el cada provincia de la Comunidad se considerarán organizaciones profesionales agrarias más representativas aquellas que obtengan al menos un 20% del total de los votos válidos emitidos en la provincia. 

En líneas generales, tras conocer las opiniones de los responsables de las tres organizaciones con representación en Segovia, sus programas tienen un mismo denominador común, encabezado por quejas a cómo ha quedado la Política Agraria Común (PAC), tras la reforma, y preocupación por el futuro de las explotaciones, ante su escasa rentabilidad, y como consecuencia un futuro complejo para el medio rural. 

También les inquietan las importaciones masivas de productos agroalimentarios con menos garantías sanitarias de las que cumplen con la normativa de la Unión Europea, y no ven la hora en que se desarrolle adecuadamente la Ley de la Cadena Alimentaria o que se controle la fauna salvaje, desde los lobos a los animales que provocan accidentes en carretera.    

Recién elegido presidente de la Unión de Campesinos de Segovia UCCL, César Acebes, subraya que su organización  siempre ha defendido la figura del agricultor a título principal. A su juicio, «en la última reforma de la PAC iba bien encaminada, pero al final la Administración ha vuelto a hacer lo mismo de siempre y es que todo aquel que tiene ingresos mayores de 5.000 euros puede recibir las ayudas, consideramos que este es tremendamente injusto».

Acebes considera que la reducción del 21% de IVA en algunos productos es insuficiente porque no ha repercutido ni en el pescado ni en la carne, que no entendemos por qué, mientras lamenta que la Administración «sigue sin fijar precios de coste de producción, no nos podemos permitir vender por debajo de costes porque hay ganaderías que están vendiendo a pérdidas, por ejemplo el ovino de leche, y terminan por cerrar, lo que supone una «pérdida importantísima para el núcleo de población donde se asienta».

Aclarando que su organización, además del carácter sindical es también social,  Acebes habla de un periodo de incertidumbre en el campo: «Es complicado invertir un dinero sin saber qué va a pasar el día de mañana», matiza. 

Guzmán Bayón, presidente de Asaja Segovia, también hubiera abogado por una PAC «más profesional,  más productiva y rentable para el agricultor profesional para quien vive con una actividad agrícola y ganadera responsable y respetuosa con el medio ambiente». Asimismo, a su juicio, «resta mucho la libertad del agricultor para sembrar los productos que entienda rentables y con unas normativas de rotación de cultivos [que obligan] a sembrar unos mínimos de cultivos que la mayoría no estamos ni preparados ni conocemos».  

Bayón coincide con sus compañeros en que la Ley de Cadena Alimentaria «tiene que proteger el producto desde abajo, que agricultores y ganaderos tengan su cierta rentabilidad y se vayan poniendo los márgenes justos en cada proceso y que al consumidor llegue en el  valor por el que realmente tiene que pagar sin que nadie haya especulado», a la vez que considera básicos, tanto la inversión pública para modernizar las explotaciones y los regadíos, así como llevar a cabo reconcentraciones parcelarias y que se forme a los profesionales en digitalización. 

Al cabeza de la Alianza UPA-COAG, Pedro Matarranz,  le preocupa el sistema de eco regímenes que prevé la PAC, una medida que califica de novedosa y compleja, voluntaria, pero si no la aplican solo cobrarían el 40% de las ayudas, así como el llamado cuaderno de explotación digital, lo que obliga a los profesionales a realizar trabajo de oficina, «cuando ya tiene bastante con su día a día», admite.  

Matarranz pone el acento en el  asunto que tienen en la cabeza sus compañeros de otras organizaciones y el sector en general: «Lo que más nos preocupa a todos es que haya un precio justo, que tengamos una rentabilidad en nuestras explotaciones para poder subsistir dignamente en la agricultura y la ganadería de lo contrario ocurrirá como en el lácteo, por ejemplo, que han cerrado muchas explotaciones. Producir una hectárea de cerales, según el representante de UPA-COAG,  ronda los 900 euros pero lo que percibe quien lo cultiva gira en torno a los 750 euros. 

Por otra parte, los 38.922 electores que están llamados a las urnas en Castilla yLeón tienen hasta el 6 de febrero para ejercer el voto anticipado. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha enviado una carta a todos los electores animando a que sean partícipes de este proceso, «pues el resultado de estas elecciones determinará, durante los próximos cinco años, la representatividad de cada una de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito provincial y autonómico». 

Además, el Gobierno regional ha estalecido que los miembros de las mesas ajenos a la Junta perciban 47,06 euros brutos en concepto de dieta por los servicios prestados durante la jornada de consulta. El 'agente del procedimiento' de la Administración será retribuido con la cantidad bruta de 96,67 euros y el resto de persnal de la misma que colabore este día cobrará 85,66 euros brutos.