Pedro Sánchez marca territorio con su polémica Ley de Vivienda que se aprobará hoy en el Congreso. El presidente del Ejecutivo advirtió ayer al PP que la nueva norma será de obligado cumplimiento en aquellas regiones donde gobierna, algunas de las cuales, como Madrid y Andalucía, ya han abierto la puerta a presentar un recurso ante el Constitucional por entender que hay invasión de competencias al tiempo que avanzaron que defenderán su jurisdicción. «Ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley en todos y cada uno de los territorios de este país», enfatizó en una de sus réplicas a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, al inicio de la sesión de control en el Congreso.

Una alerta en la que también le secundaron sus socios de Podemos en el Gobierno. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, avisó de que van a «estar vigilantes desde el primer momento para que se cumpla hasta la última coma del nuevo reglamento».

Sánchez, que ha convertido la vivienda en uno de los grandes ejes de su precampaña electoral (en menos de dos semanas ha anunciado 113.000 inmuebles sociales), presumió de gestionar mejor que el PP. «Y no pueden soportarlo», se autoelogió. También afeó su labor al frente de la oposición. «Resulta curiosa la falta de argumento que tienen a lo largo de estos cuatro años de oposición», le reprochó el líder socialista, que incidió nuevamente en que la estrategia popular se limita «al insulto, el bulo y el ruido». 

En muchos aspectos, la portavoz de la formación conservadora y el líder del Ejecutivo repitieron el agrio enfrentamiento que Sánchez y Núñez Feijóo mantuvieron el pasado martes en el Senado.

Gamarra se agarró de nuevo a la aseveración de que ellos «derogarán el sanchismo» cuando lleguen a la Moncloa y no dudó en afirmar que la coalición de Gobierno «es un caos», carcomido por continuas divisiones internas, como ha quedado de manifiesto con la Ley del solo sí es sí o por las políticas del Ministerio del Interior.

«La única política de vivienda que le interesa a Sánchez es seguir residiendo en la Moncloa. Ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy», ironizó al tiempo que le echó en cara que, en cinco años de Gobierno, «no haya hecho ninguna vivienda pública».

Para salir al paso de las dudas que ha generado su baza inmobiliaria, Sánchez aseguró que el 60 por ciento de las 100.000 viviendas públicas contempladas en el Plan de Vivienda que el Ejecutivo aprobó al inicio de la legislatura están construidas o en fase de construcción.

En relación este ambicioso proyecto de inmuebles asequibles, la titular de Defensa, Margarita Robles, precisó ayer que el Ministerio de Transportes tendrá que pagar a su departamento (la ley así lo obliga) para la adquisición del suelo en el que se construirán las últimas 20.000 viviendas públicas que anunció el presidente en su comparecencia en la Cámara Baja. Además, avanzó que el acuerdo se aprobará en breve y que será entonces cuando se detallará donde se levantarán esos nuevos inmuebles protegidos.» Llevamos muchos meses haciendo un mapa de todo ese suelo del Ministerio de Defensa que ya no está utilizado por el Ejército para trasladarlo al Sepes para su uso como vivienda pública», detalló.

Los recelos con que determinadas comunidades han recibido el tsunami inmobiliario no se limitan solo a las gobernadas por el PP. Ayer, el lehendakari, Íñigo Urkullu, también se puso a la defensiva ante lo que interpreta como un ataque al marco competencial del País Vasco.

Y hubo más fuego amigo. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, tachó el anuncio de «emergencia electoral» y no tanto «emergencia social». «Se podía haber hecho mucho antes», censuró.