El Gobierno logró ayer apuntalar la legislatura con la aprobación en el Congreso con sus socios parlamentarios -fundamentalmente independentistas y nacionalistas- de los Presupuestos Generales del Estado, un éxito político para exhibir ante las instituciones de la UE. El proyecto contempla un incremento del gasto público sin precedentes gracias a los fondos europeos, cuya lenta gestión y su falta de transparencia comienza a despertar recelos en algunos sectores empresariales. Pese a esa inyección económica, la principal carencia de estas cuentas son las dudas acerca de su viabilidad ya que se sostienen en unas previsiones de crecimiento e ingresos que las entidades de evaluación consideran poco realistas.
Con todo, la aprobación de un presupuesto es una buena noticia para dotar de estabilidad y certezas económicas a un país. Por eso, sería deseable que el Gobierno detuviera ya la cascada de anuncios y globos sonda de nuevos impuestos, tributos, tasas y cotizaciones que acentúan las incertidumbres y en nada favorecen la inversión. En este punto, hay que recordar que la Unión Europea sitúa a España en el furgón de cola de la recuperación y relega la superación de la pandemia a 2023.
El contenido del acuerdo con los socios de legislatura muestra también la perversión de la negociación presupuestaria al incluir cuestiones que nada tienen que ver con la planificación económica, como son el idioma en las plataformas televisivas, las emisiones de las cadenas vascas en Navarra o los límites de la D.O. La Rioja. El debate se convierte así, en palabras de Gabriel Rufián, portavoz ayer de la mayoría parlamentaria, en un black friday, una lonja en la que cada uno exhibe los trofeos conseguidos. Es un mercadeo indecente que la España interior mira con una mezcla de enfado y envidia soñando con tener sus propios diputados para participar en futuras subastas.
La votación de ayer afianza también la política de bloques y la polarización de la vida pública española que impide abordar en profundidad y con una visión estratégica los grandes problemas del país, aunque algunos engranajes del Estado den muestras ya de cierto desgaste de materiales. La reforma de la Justicia, la construcción institucional, la política fiscal y laboral, la educación o la gestión de servicios públicos tienen una relevancia fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos que merecerían de la política más puentes y menos muros. Pero, esta política transversal es más complicada si algunos de quienes participan de la acción de Gobierno tienen muy poco interés en España y mucho en desmoronarla.