Igual que el estallido de la burbuja inmobiliaria se situó en el epicentro de la crisis en España, o las hipotecas basura estadounidenses en el de la quiebra de Lehman Brothers como icono desencadenante de la crisis financiera mundial, el sector del ladrillo también concentra buena parte de los indicadores que deben apuntar hacia la recuperación. Aunque, evidentemente, para ello tocará evitar repetir el descontrol de los movimientos especulativos y demás errores que propiciaron el colapso del crédito, la nacionalización de las cajas de ahorro quebradas, las ayudas públicas millonarias que requirieron las fusiones, los cierres de empresas y los despidos que a su vez agravaron los dramáticos desahucios…

En Segovia aún se produjeron 71 durante 2017, aunque esa es la cifra más baja de los cuatro últimos ejercicios y supone un descenso del 36% con respecto a los 111 de 2016, así como prácticamente la mitad que en 2015 (136). Diez años después de Lehman Brothers, en cualquier caso, la foto del sector inmobiliario segoviano es muy diferente a todos los niveles. La compraventa de viviendas lleva cuatro años seguidos al alza como consecuencia de la leve reapertura del crédito, aunque se centra sobre todo en la vivienda usada y sigue muy lejos, a la mitad, del brutal ritmo de los tiempos de bonanza que precedieron a la crisis.

Asimismo, los precios han empezado a subir tímidamente en 2017 tras tocar suelo en 2016, pero después de haberse desplomado a la mitad en la capital segoviana y casi un 40% en el conjunto de la provincia. La actividad constructiva, mientras tanto, continúa a un ritmo muy bajo. Segovia contabilizaba todavía un stock de 1.581 viviendas nuevas sin vender al cierre de 2017, según datos oficiales del Ministerio de Fomento; no están en la capital, donde se venden rápido las pocas que se hacen, sino en distintos puntos del resto de la provincia.

En 2011 el stock superaba las 2.000, así que la situación ha mejorado, pero no tanto como para facilitar la construcción de más viviendas, lastrada además en la capital, según el Colegio de Arquitectos, por el retraso en la aprobación del Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis), al que se espera precisamente desde hace una década.

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