La contratación en las diferentes administraciones públicas debería constituir un ejemplo a seguir por el sector privado pero camina en sentido opuesto al impulsado por la reforma laboral. El sector público en Castilla y León crece en temporalidad; emplea ya a más trabajadores temporales que la empresa privada y triplica su tasa de interinidad en Castilla y León pese a los procesos urgentes de estabilización impulsados desde el Gobierno. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre del año, resultan concluyentes, ya que de los asalariados del sector público en Castilla y León, 211.000, un total de 69.200 contaba con un contrato temporal, lo que supone una tasa del 32,8 por ciento. Por el contrario, en el sector privado, de los 603.800 empleados, los temporales sumaron 66.800, que supone un porcentaje histórico del 11,1 por ciento. Es decir, la tasa de temporalidad en las administraciones públicas en el primer trimestre de este año en la Comunidad, casi multiplicó por tres a la del sector privado. Y además, los trabajadores temporales del sector público superaron a los asalariados precarios de la empresa privada, con 2.400 más.

El informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) por Ical, revela que ambas tasas de temporalidad, la de los sectores público y privado, caminaron en sentido opuesto, pese a la regulación impulsada desde el Ejecutivo para reducir la interinidad en las administraciones, a través de una normativa que vio la luz en 2021, para consolidar las plazas de los trabajadores temporales, con el horizonte puesto en el 31 de diciembre de 2024; tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 frente al «abuso» en la contratación temporal de las administraciones públicas en el Estado español. En concreto, la tasa de temporalidad pública se elevó medio puntos en la Comunidad, desde el 32,3 por ciento del primer trimestre de 2022 al 32,8 por ciento en 2023; mientras que la privada, con la aprobación de la reforma laboral, que entró en vigor de forma efectiva en abril del año pasado, bajó 9,1 puntos y pasó del 20,2 por ciento al 11,1 por ciento, respectivamente.

Más allá de los datos de un trimestre, la tendencia de los datos anuales de 2022, corroboran también esta situación, ya que teniendo en cuenta la media de los cuatro trimestres del ejercicio anterior, de los asalariados del sector público en Castilla y León, 214.300, un total de 71.100 contó con un contrato temporal, lo que supone una tasa del 33,2 por ciento. Por el contrario, en el sector privado, de los 609.400 empleados, los temporales medios a lo largo del ejercicio sumaron 99.900, que supone un porcentaje del 16,4%. Es decir, la tasa media anual de temporalidad en las administraciones públicas en 2022 en la Comunidad, multiplicó por más de dos la del sector privado. La tasa de temporalidad pública se elevó 2,5 puntos en la Comunidad, desde el 30,7 por ciento de 2021 al 33,2 por ciento en 2022; mientras que la privada descendió 4,8 puntos y pasó del 21,2% al 16,4 por ciento, respectivamente. 

Las administraciones ya tienen más temporales que las empresas - Foto: FS ICAL

«El problema solo se soluciona con oposiciones fijas todos los años»

El secretario regional de Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en la Comunidad, Tomás Pérez Ureña, y el secretario de Relaciones Institucionales en CSIF Castilla y León, Rodrigo Molledo, coincidieron en que las medidas de choque frente a la temporalidad en las administraciones son un «parche» y apelan a sacar convocatorias todos los años si se quiere frenar el problema, ante el enorme envejecimiento de las plantillas. Asimismo,  acusaron a los poderes políticos de apostar por la interinidad de los empleados públicos, para que «tengan miedo a perder el puesto y hagan lo que quieren».